Virólogos y epidemiólogos asturianos no ven ventaja alguna en prohibir fumar al aire libre para evitar el contagio por covid si se mantiene la distancia de seguridad, y coinciden en que la medida carece de base científica probada, pese a que algunas autonomías hayan aplicado esta norma y otras estén pensando en hacerlo, como es el caso de Asturias, según confirmó ayer el Ejecutivo regional, Melania Álvarez.

Pedro Arcos, epidemiólogo y director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo, aseguró que la medida de prohibir fumar en espacios abiertos "no está en ninguna de las estrategias de salud pública puestas en marcha o recomendadas hasta ahora frente al covid en ningún país". Según explicó, "no hay ninguna evidencia de que prohibir fumar en espacios abiertos y al aire libre represente ninguna ventaja en la prevención y control del covid, ni tampoco hay evidencia de que un fumador sea un mayor transmisor que un no fumador". Otra cosa sería en espacios cerrados.

Xena García, facultativa especialista de la sección de Virología del Hospital de Cabueñes, explicó que todavía no hay ningún estudio concluyente que aclare una propagación particular del virus mientras se fuma. "Sería como ir corriendo; en ninguno de los dos casos llevas mascarilla y ese es el riesgo, pero calcular el espacio es difícil", razona, aunque sí aclara que otros expertos estimaron distancias de riesgo de entre ocho y diez metros. "Todavía hay muchas cosas que no se saben".

También cree que el fumador supondría un peligro, más bien, en espacios cerrados. "El riesgo real de las terrazas es estar sin mascarilla, que solo se debería quitar para consumir y para fumar. Pero de momento parece que un fumador supondría el mismo peligro que alguien que estornuda", concluye.

Adonina Tardón, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública, señaló que "es una medida trabajada sobre probabilidades, pero no hay ningún estudio científico que lo sustente". La también profesora en la Universidad de Oviedo se mostró contraria a "estigmatizar colectivos, como se hace con los jóvenes y ahora con los fumadores. El virus lo sufrimos todos, y todos podemos contagiar y ser contagiados". Hasta ahora, la única regulación que aborda en Asturias el vínculo entre el acto de fumar y la propagación del coronavirus es un consejo. Un decreto de la Consejería de Salud del 8 de junio incluyó en la regulación de la desescalada la obligación de fomentar "la recomendación de evitar en la medida de lo posible el consumo de tabaco, por la relación que esta actividad pudiera tener con el incremento del riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2".

Por el camino que ha abierto la Xunta de Galicia, y que ya siguen algunas otras comunidades autónomas -Canarias lo ha confirmado y al menos otras siete lo valoran-, el Principado evalúa el encaje jurídico de la prohibición de fumar en espacios abiertos siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad. La portavoz del Ejecutivo asturiano, Melania Álvarez, aseguró ayer que el Gobierno no descarta imitar el ejemplo gallegosiempre que desde el punto vista normativo se encuentre una vía para hacerlo. Analiza la situación en clave jurídica y sanitaria considerando ésta como "una de las medidas a aplicar en función de la situación epidemiológica", afirma.

De momento, repite Álvarez, la prohibición "se valora. En el ámbito sanitario, hay informes que avalan esa decisión, otros no tanto, y nosotros consideramos el alcance de la medida desde el punto de vista sanitario mientras al mismo tiempo tratamos de ver hasta qué punto tendríamos posibilidad de adoptarla" en una discusión jurídica que debate "respecto a qué norma" se podría dictar, sin aclarar aún si podría quedar enmarcada en la reforma de la ley de salud pública que el Principado tiene en proceso para implantar sanciones administrativas que castiguen la comisión de infracciones con repercusión sanitaria.

Galicia ha regulado esta cuestión mediante una orden de la Consejería de Salud que toma asiento, según lo publicado en el boletín oficial de la comunidad autónoma, en las leyes generales de salud pública y sanidad y en la ley gallega de salud.