El Congreso de los Diputados tumbó ayer el decreto ley de remanentes municipales, al recibir el rechazo de toda la oposición. Es el primer decreto ley del Gobierno de coalición que deroga el Congreso. y el quinto en toda la historia de la democracia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó tras la derrota que no habrá más propuestas y emplazó a los grupos de la oposición a presentar un nuevo texto. Los grupos opositores, por contra, reclaman al Gobierno una alternativa para iniciar una nueva negociación.
El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que ayer acudió a la votación en el Congreso y a la concentración de regidores contra la "incautación" de los remanentes, declaró que lo ocurrido es "un fracaso estrepitoso" del Gobierno, que ha visto cómo "todos sus apoyos se vinieron abajo", y "un triunfo de la lógica", al imponerse "las legítimas demandas de los alcaldes", pues "los ayuntamientos deben poder gastar sus ahorros en lo que consideren necesario". Canteli espera ahora "una nueva negociación que nos permita disponer de los ahorros de los ovetenses", que cifró en casi 50 millones de euros. Y añadió: "Hoy han ganado los vecinos de todos los municipios españoles, en especial los ovetenses".
En Gijón, por el contrario, la alcaldesa socialista, Ana González, ve "una mala noticia" en la decisión del Congreso: "a día de hoy no podemos utilizar nuestro dinero". Indicó que sigue vigente "el antimunicipalismo del PP, que cuando le interesa bien que busca a esos partidos que ellos dicen que quieren romper España". La regidora lamentó que "no se acepte lo que se decidió en la FEMP", lo que supone "negar la mayoría de edad a los ayuntamientos de España".
La decisión ha sido bien acogida por la oposición gijonesa. "Es un alivio", dijo Jesús Martínez Salvador (Foro). El Alberto López Asenjo (PP) emplazó al Gobierno local a trabajar "en un presupuesto de reconstrucción", que fije como prioridades "la reactivación económica y las urgencias sociales".
Iván Fernández, secretario de Política Municipal de la FSA-PSOE, indicó que la decisión del Congreso no es una derrota del Gobierno, sino "de los vecinos de todos los municipios de España".
Nacho Cuesta, portavoz de Cs, aplaudió el rechazo a un decreto "discriminatorio, injusto e insolidario, que necesita ser revisado".
Adrián Pumares, portavoz de Foro, indicó que el Gobierno de coalición "aprendió" ayer "que no puede atracar a los Ayuntamientos y pretender que todo el mundo se quede mirando".
La diputada de Vox Sara Álvarez Rouco exigió al Gobierno "valentía" para impulsar un cambio en la legislación sobre estabilidad presupuestaria aprobada por el PP en 2012, "que tiene atados de pies y manos a los ayuntamientos".
