Y después de la "rebelión" de los ayuntamientos, la de las comunidades autónomas. El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta la posibilidad de otro "levantamiento" similar al que condujo hace unos días a su derrota en el Congreso de los Diputados por el uso de los ahorros municipales. Ahora, varias comunidades autónomas han levantado la voz para exigir que se flexibilicen las tres reglas fiscales -objetivo de deuda, objetivo de déficit y regla de gasto- y así afrontar en mejores condiciones el cuantioso gasto extra que les está generando la pandemia de coronavirus y cuadrar los presupuestos del próximo ejercicio.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, fue el primero en demandar a Pedro Sánchez que se "relajaran" las reglas fiscales. No ofreció cifras ni porcentajes, pero sí aclaró que sin esa medida resultaría muy complicado elaborar los presupuestos autonómicos para 2021. Lo hizo durante la Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 31 de julio en San Millán de la Cogolla (La Rioja). Barbón aspira a que los fondos europeos anticovid no computen en las tres reglas fiscales y así poder acudir a créditos para adelantar el dinero, como exige Bruselas. La presidenta balear, Francina Armengol (PSOE), fue al primera en secundar la petición de Barbón. Pero después se sumaron a la lista varios más.

Hasta ahora, solo el País Vasco ha logrado su meta: a cambio de asistir a la Conferencia de Presidentes, el lehendakari, Íñigo Urkullu, pactó con Pedro Sánchez un objetivo de déficit del 2,6 por ciento del PIB este año (las comunidades autónomas tiene fijado actualmente el 0,2 por ciento), lo que supone que el Gobierno de Vitoria podrá conseguir unos 1.700 millones de euros en los mercados de deuda, según han calculado varios economistas.

El acuerdo levantó ampollas en otros gobiernos autónomos, incluso en varios del PSOE. Y algunos de ellos amenazan ahora con formar un "frente común" y declararse "en rebeldía" para alcanzar el mismo porcentaje que el País Vasco.

De hecho, el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), ya exigió para su comunidad el mismo objetivo de déficit que el País Vasco y el aragonés Javier Lambán (PSOE) llegó a calificar el pacto con Urkullu de "agravio". La madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) también protestó por el diferente trato que a su juicio otorga Pedro Sánchez a las regiones, y el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco (PP) rechazó que haya "negociaciones bilaterales" entre el Gobierno de España y algunas comunidades autónomas y reclamó que el conflicto, y en concreto el objetivo de déficit se debata este mes en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Asturias cumplió el año pasado el objetivo de deuda, pero incumplió el de déficit y la regla de gasto. Según el Ministerio de Hacienda, Andalucía fue la única comunidad autónoma que cumplió las tres reglas fiscales en 2019.