El primer día de restricciones en Madrid capital y otros nueve municipios transcurrió con normalidad, quizá con un poco menos de gente por la calle y bastante menos bullicio en las estaciones de tren, autobuses o el aeropuerto, pero no debido a la escasa presencia policial, sino porque el sábado resultó bastante frío y muchos ciudadanos decidieron ser responsables y evitar ciertos desplazamientos. Hubo, sobre todo, muchas dudas sobre qué actividades se podían desarrollar y cuáles no, como el caso de los parques: las nuevas restricciones permiten abrirlos, pero la Comunidad de Madrid lo lleva impidiendo varias semanas en las zonas cerradas con anterioridad. Y, sobre todo, la gran pregunta: ¿hasta cuándo dudará este "confinamiento perimetral" orientado a reducir la movilidad de una ciudad con 4,8 millones de personas que se ha convertido en el gran foco de la pandemia?

El consejero de Hacienda, el popular Javier Fernández-Lasquetty, reconoció que en las primeras horas del confinamiento "impuesto" por el Gobierno central no se había producido ninguna incidencia reseñable. Si bien, volvió a culpar a Pedro Sánchez de llevar el "caos" a Madrid, como el viernes hicieron dos de sus compañeros de gabinete y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, antes de la presentación de un recurso en la Audiencia Nacional que pide la suspensión de las medidas. El tribunal admitió ayer a trámite la impugnación y da un plazo a la Abogacía del Estado de 10 días para que se pronuncie. El Gobierno de la Comunidad de Madrid alega que las medidas impuestas por el Gobierno de España invaden sus competencias y pueden provocar "un caos" por la forma en que están redactadas. El ejecutivo de Ayuso hace su cálculo económico del impacto de estas medidas contra pandemia: una caída del 17% del PIB anual y la pérdida de 18.000 empleos a la semana en la capital de España.

Vox solicitó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que paralice la orden en un plazo máximo de 48 horas, al incluir en su recurso medidas cautelarísimas que el Gobierno regional declinó presentar. El partido de Abascal argumenta que la decisión se basa en motivos políticos y no científicos.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tachó ayer de "ocurrencia" las restricciones y lamentó que con las medidas impulsadas por el Gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez ahora haya "más movilidad", dado que está permitido desplazarse por toda la ciudad mientras que con las restricciones por áreas sanitarias, decretadas por Ayuso en 45 zonas, no se podía salir de barrios con más de 1.000 contagios por 100.000 habitantes.

Martínez-Almeida considera que el "ordeno y mando no solo consisten en publicar (la orden con las limitaciones) en el BOE, sino en dar un plazo perentorio de 48 horas", sin establecer un tiempo de adaptación a los comercios, lo que el viernes se tradujo en un "gran perjuicio" para la hostelería, que vio cómo se anulaban las reservas, debido a que, mientras duren las restricciones, al menos durante 15 días, los bares tienen que cerrar a las 23.00 horas y no admitir clientes una hora antes.

Pero más allá de los cruces de acusaciones entre los políticos, la imagen ayer sábado en la capital era muy similar a un fin de semana cualquiera y muy alejada de las calles vacías que provocó el estado de alarma de la pasada primavera. Pocos madrileños hicieron caso de la recomendación de no salir de casa salvo para los desplazamientos imprescindibles. Además, los escasos controles policiales -unos 60 por parte de los agentes municipales-, que se situaron fundamentalmente en la periferia de Madrid para controlar las entradas y salidas a la capital, son meramente informativos, hasta que el Tribunal Superior de Justicia dé su visto bueno a las medidas.

La orden establece que los comercios y bares pueden abrir al 50% de aforo, pero la limitación no se notaba en el supermercado Alcampo situado al lado de la M-30, en el barrio de Moratalaz, que este sábado estaba tan lleno como cualquier fin de semana. En las inmediaciones, las terrazas lucían un poco más vacías, pero debido al viento y al frío, no a que los hosteleros hubieran colocado menos mesas, dado que ya estaba vigente la norma de separar las sillas, entre unas mesas y otras, metro y medio, así como la prohibición de reunirse un máximo de seis personas.

La estación ferroviaria de Atocha, sin embargo, sí que lucía a medio gas. No obstante, hacia las 13.00 horas de ayer no había ningún tipo de control policial que vigilara las entradas y salidas a la capital por tren, que están prohibidas salvo por motivos laborales, académicos y varios más, debidamente justificados. La única pareja de policías que se paseaba por el vestíbulo, no pedía ningún salvoconducto a los viajeros.

"Vengo de Leganés, uno de los municipios confinados, y no me ha parado nadie", explicaba Luis, a la salida de los trenes de cercanías. Un poco más allá, una madre y su hija, Sonsoles y María, hacían tiempo hasta que saliera su tren hacia Socuéllamos. Habían llegado hasta Madrid procedentes de Ibiza y en el aeropuerto de Barajas tampoco encontraron ningún control. Al igual que ellas, la pareja formada por Marta y Jesús llegaba de Alicante y se disponía a coger otro tren a Córdoba, sin ningún justificante porque los viajes que no tienen destino Madrid capital o las otras nueve ciudades "confinadas" están permitidos.

Si bien, la sensación que transmitía Atocha era la de una estación de una capital de provincias, alejada del bullicio que presenta normalmente. "Hoy apenas viene nadie", se lamentaba ayer Conchi, camarera en una cadena de comida rápida situada en el vestíbulo.

Nadie se atreve, por ahora, a determinar cuánto durarán estas restricciones. Ni si se ampliarán a más zonas. Hay 85 municipios madrileños más que superan la tasa de contagios establecida por sanidad pero, como no tienen más de 100.000 habitantes, por el momento se han librado del confinamiento perimetral.