El Tribunal de Cuentas exige a la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, una fianza de 23.000 euros por un caso de presunto daño a las arcas públicas que ella misma denunció siendo directora general de Participación Ciudadana. El tribunal auditor exige también la fianza a cinco funcionarios, pese a que participaron en la denuncia del presunto exceso de facturación por parte de la empresa adjudicataria de la edición del Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa). El Gobierno regional respaldó ayer a la consejera, resaltando "que denunciara los hechos, aunque se refiriesen a momentos en los que ella tenía responsabilidades de gestión; tal conducta es una prueba de compromiso y determinación con la mejora del servicio público". Tampoco el Ejecutivo asturiano incoará procedimiento alguno contra los funcionarios que participaron en la denuncia, aunque el Tribunal de Cuentas también les reclame una fianza.

Los hechos se remontan al año 2018, cuando Melania Álvarez, entonces directora general de Participación Ciudadana, ordenó una inspección al entender que el Gobierno regional estaba abonando facturas demasiado altas por las tareas de preparación y edición del Bopa, que realiza una empresa externa a la administración autonómica mediante un contrato de servicios. El pliego de condiciones del contrato establecía que el abono se realizase en función de los caracteres de cada página. Sin embargo, la Inspección General de Servicios del Principado, tras la orden de Melania Álvarez de que se analizase el contrato, resolvió en abril de 2019 que la empresa presuntamente facturaba por páginas en vez de caracteres, lo que suponía un sobrecoste, en especial en resoluciones cortas que la empresa computaba como si toda la página estuviese completa. Según comunicó ayer el Principado, esta práctica se produjo en los periodos 2010-2012 y 2015-2017, cuando la empresa era la misma, mientras que en otros periodos en que era otra la adjudicataria, se pagó correctamente.

Comprobados los hechos, la Inspección General optó por denunciar ante Fiscalía y, también, ponerlos en conocimiento del Tribunal de Cuentas. La denuncia se dirigió contra el jefe de sección, que era el responsable de comprobar que las facturas eran correctas. La vía judicial sigue su camino, al haber presentado Fiscalía una denuncia que se instruye en un juzgado de Oviedo y haber exigido el Principado a la empresa que devuelva el dinero presuntamente cobrado en exceso. Respecto al periodo 2010-2012, el plazo de devolución ya habría prescrito, pero el exceso de 2015-2017 (algo más de 24.000 euros) aún está pendiente de resolución judicial.

Es por ese periodo por el que el Tribunal de Cuentas reclama a Melania Álvarez una fianza por un hecho que ella denunció, al no haberse devuelto el dinero detraído de las arcas autonómicas y haber sido ella responsable del servicio, una situación que el Gobierno considera injusta y ante la que avala el proceder de la hoy consejera.