14 de octubre de 2020
14.10.2020
La Nueva España

El PP pide que el Consultivo evalúe la reforma legal para confinar a la población

Ciudadanos ve excesiva la "discrecionalidad" que el Gobierno se reserva en su propuesta de reforma de la ley de Salud

14.10.2020 | 01:10
El PP pide que el Consultivo evalúe la reforma legal para confinar a la población

La reforma de la ley sanitaria asturiana que abre la puerta a los confinamientos de personas en sus domicilios "en situaciones de riesgo para la salud" ya es objeto de negociación en la Junta General. Los grupos políticos ya han recibido un borrador elaborado por los servicios jurídicos del Principado y empiezan a posicionarse sobre su contenido. El Grupo Popular ha pedido un dictamen al Consejo Consultivo sobre las modificaciones incluidas para afrontar situaciones como la pandemia actual. Otros grupos, como es el caso de IU, ven necesario apoyar la reforma, mientras que Vox tiene pensado presentar alegaciones al borrador inicial.

La segunda ola de la pandemia se echa encima y es prácticamente imposible que la reforma de la ley autonómica de Salud pueda completarse antes de que finalice el año, ya que el proyecto legislativo aún no ha entrado en la Cámara autonómica para su debate y aprobación, y a partir del mes de noviembre todo el trabajo parlamentario estará centrado en la tramitación y discusión del Presupuesto del Principado, que acapara siempre la actividad del último mes del año en la Junta General.

Los siete grupos políticos con representación en el Parlamento autonómico recibieron en las últimas semanas un borrador del anteproyecto de ley, cuya finalidad es dotar de más herramientas al Principado con las que intervenir ante situaciones de crisis sanitaria, como la actual pandemia del coronavirus. El texto a estudio dota al Gobierno regional de la capacidad para declarar la situación de emergencia sanitaria, a propuesta del consejero de Salud, y le atribuye la posibilidad de establecer "medidas excepcionales y urgentes" tales como "el confinamiento de personas en sus domicilios o lugares seguros" o "la evacuación, alejamiento y restricción de acceso de las personas respecto a los lugares de riesgo para la salud propia o de los otros", como adelantó LA NUEVA ESPAÑA ayer. El borrador especifica que la duración de esas medidas se limitará al tiempo necesario para afrontar la crisis sanitaria y que el Gobierno regional deberá dar cuenta de la situación de emergencia a la Junta General. Juristas expertos en derecho administrativo, como, por ejemplo, Javier Junceda, ven débil que una norma autonómica limite el derecho a la libre circulación, restricción para la que juzgan más apropiado pedir la aplicación del estado de alarma.

Los grupos políticos de la Junta tienen algunas dudas, de naturaleza jurídica, sobre el alcance de la reforma que pretende el Principado. El Grupo Popular solicitará "la incorporación de informes jurídicos independientes" y exigirá un informe del Consejo Consultivo que, "aun no siendo obligatorio, entendemos que es necesario", argumentó la diputada Beatriz Polledo. "En todo caso. abogamos por que la nueva ley garantice la seguridad jurídica". El PP se remite a la tramitación parlamentaria antes de pronunciarse de manera definitiva.

Ciudadanos cree conveniente reducir "el grado de discrecionalidad" que en materia de derechos fundamentales se concede al Gobierno autonómico en el citado borrador. "Es tan sumamente amplio que podría no ser aconsejable", valoró la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, quien cree que "la redacción actual del anteproyecto es tan abierta que podría amparar medidas menores". La diputada del grupo naranja también quiere conocer la redacción definitiva del proyecto antes de pronunciarse de manera definitiva sobre si lo apoyará.

El grupo de IU apoyará la modificación que plantea el consejero de Salud, Pablo Fernández, sobre la ley sanitaria que el Principado había aprobado en marzo del pasado año y en la que no se contemplaban medidas para hacer frente a una crisis sanitaria. "Esta pandemia ha demostrado su necesidad", manifestó Ángela Vallina. Vox tiene previsto presentar modificaciones al borrador. "Hasta que no tengamos el texto definitivo no podremos analizarlo en profundidad y, por tanto, no nos posicionaremos hasta ese momento", declaró la diputada Sara Álvarez Rouco.

La Asociación de Usuarios de la Sanidad del Principado (Asencro) conoció hace un mes en el Consejo de Salud del Principado la intención del Gobierno regional de cambiar la ley sanitaria, "pero en ningún momento se entrega texto alguno sobre el cambio para estudiarlo e informarlo". La presidenta de este colectivo, Susana Pérez Alonso, criticó que se sustraiga del conocimiento ciudadano "un importante cambio legislativo, negándose a decir en qué consiste y quién lo está redactando", una actitud, subrayó, "propia de tiranías y no de una democracia". Asencro está dispuesta a llevar la reforma de la ley sanitaria a los tribunales.

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