Una limusina rosa chicle de nueve metros de largo y con espacio para 15 personas fue el vehículo elegido por los profesores Irene Álvarez y Borja Orviz para acudir a la masiva manifestación motorizada en contra de la nueva ley educativa, la LOMLOE, conocida popularmente como la ley Celáa. Centenares de vehículos con sus lazos naranjas discurrieron por algunas de las arterias principales de la mayor ciudad de Asturias con el color naranja por bandera en apoyo a la educación concertada. Entre ellos, Álvarez y Orviz, profesores de los colegios concertados San Vicente de Paúl y Virgen Reina. Junto a ellos en el gigantesco vehículo iba Laura Ferreiro, madre de un niño de la concertada. “Queremos poder elegir cómo educar”, apuntaron.
La enorme limusina fue una mota de polvo en comparación con la mayúscula hilera de vehículos que ayer se echaron al asfalto gijonés pidiendo la derogación de la reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez por considerarla “un ataque” a la educación concertada. Se replicó en varias ciudades de España y en Gijón partió desde el estadio de El Molinón en una especie de circuito cerrado que discurrió por la calle Ezcurdia, la avenida de la Costa, Pablo Iglesias y la carretera de Villaviciosa para volver de nuevo al coliseo rojiblanco. “Hemos paralizado todo”, se vanagloriaban Antonio García y Manuel Fernández, dos abuelos cuyos nietos estudian en la concertada.
Con tantos manifestantes las situaciones curiosas afloraron. Una de las más llamativas la protagonizó la maestra Amparo Scola, de La Inmaculada, que aprovechó la protesta para corregir exámenes de Geografía e Historia en el asiento de copiloto de su coche. “Las familias tienen que tener derecho a poder elegir. La reforma atenta contra la ley de oferta y demanda. Un tipo de educación no puede ir en detrimento del otro”, apunta.
La octava ley educativa de la democracia fue aprobada el pasado jueves por 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones en el Congreso de los Diputados. O sea, un solo voto por encima de la mayoría absoluta. Una ley que no gusta ni a María Ablanedo ni a David González, los padres de dos alumnos de La Inmaculada que ayer asistieron a la concentración en Gijón. “Es un atropello, porque va en contra de la libertad de los padres a poder elegir la educación de sus hijos”, dijeron.
El “derecho a decidir” fue una de las reclamaciones más escuchadas en la manifestación de Gijón. La situación en la que queda la educación especial también fue otra de las preocupaciones de los asistentes a la manifestación de ayer. La nueva disposición manifiesta que el Gobierno debe desarrollar un plan para que en un plazo de diez años los centros ordinarios tengan los recursos necesarios para atender a los alumnos con discapacidades. “Los centros de educación especial son necesarios y quieren cerrarlos”, lamenta Rosario Benítez, monja y directora del Colegio Virgen Reina, que ayer, junto a otras dos hermanas, se presentó en la marcha con un monovolumen negro plagado de lazos naranjas.
A pesar de las dimensiones de la protesta, que se prolongó hasta pasada la una de la tarde, no hubo ningún incidente y se desarrolló de forma pacífica. Esta comenzó con la lectura de un manifiesto en la voz de Laura Castro, secretaria de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) . “Esta ley es todo un atropello que va en contra de la libertad de los padres”, apunta Castro, en la jornada en la que los padres, madres y docentes de Gijón de la concertada se echaron a la calle contra la nueva ley.
