La Junta General del Principado ha dado de paso esta mañana, con las abstenciones de PP y Vox, la autorización que necesita el Gobierno regional para endeudarse en los 74 millones que pedirá al Estado, a tipo cero, con el propósito de “garantizar la tesorería suficiente para abonar los pagos a proveedores” y evitar tensiones de tesorería después de sobrepasar el año pasado el objetivo de déficit. La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, volvió a justificar ante el Pleno de la Junta el recurso a los instrumentos financieros del Estado exponiendo las dos condiciones que explican el desfase del ejercicio, por un lado “el impacto del nuevo sistema de recaudación del IVA, que hizo que el importe que debería haber recibido Asturias” de la recaudación del impuesto en 2017 “fuera inferior” en 86,5 millones a lo que la región debería haber recibido y por otro el “lastre” de un “sistema de financiación autonómica que aporta recursos insuficientes para hacer frente a las necesidades de gasto de nuestro territorio”.
La titular de Hacienda añadió a este respecto la urgencia de que “se abra cuanto antes el debate para nuevo sistema” de cara a la formulación de un modelo de reparto “acorde con el coste que tienen los servicios públicos para las administraciones” y acudió a las declaraciones de la Ministra, María Jesús Montero, para adelantar que, a su juicio, “el inicio de las conversaciones está más cerca que nunca".
Los grupos políticos dejaron pasar el proyecto de ley que autoriza el endeudamiento no sin antes poner reparos por ejemplo a “la gestión del Principado con la deuda”. Así justificó el diputado popular Pablo González la abstención de su grupo, disconforme con la “brutal escalada de la deuda en los últimos diez años”. Laura Pérez (Ciudadanos) requirió más información sobre las “facilidades” del fondo al que acude el Gobierno, y que sólo afectan, resaltó, al 75 por ciento de la cantidad total máxima a la que puede aspirar Asturias, así como sobre las modificaciones que el Principado ha debido efectuar en su presupuesto de este año por las modificaciones sobrevenidas en los gastos y en los ingresos.
El diputado de Podemos y secretario general de la formación en Asturias, Daniel Ripa, coincidió en parte en que “tenemos una deuda que no siempre ha sido justaente generada” y reincidió en su intervención en uno de los mantras recurrentes de su partido, defendiendo que “para actuar ante el endeudamiento lo que necesitamos es una reforma fiscal” que volvió a dirigir hacia el impuesto de patrimonio y a los impuestos “sobre viviendas vacías de grandes tenedores”, al incremento de los gravámenes sobre las grandes superficies “para facilitar políticas de fomento del pequeño comercio” o a el ascenso de la capacidad impositiva sobre las redes de distribución eléctrica o telefónica o sobre “los gigantes tecnológicos”.
