La Sección Segunda de la Audiencia mantiene las condenas de cinco años para los hermanos Víctor Manuel y José Roberto Muñiz, administradores de Igrafo (una de las empresas del “caso Marea”), por cinco delitos de fraude fiscal. El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Agustín Pedro Lobejón, rechaza todos los argumentos de las defensas (a cargo de Miguel Valdés-Hevia y Rosa M. Álvarez-Linera), salvo en lo referente a las dilaciones indebidas, que el juez termina apreciando, aunque no afectan a las penas. No obstante, la Audiencia establece que el periodo máximo de cumplimiento será de tres años. Los acusados valoran recurrir ante instancias superiores.

Las defensas pedían la nulidad del auto dictado por la titular del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, María Paz González-Tascón, que obligó a repetir el juicio ya mediado al percatarse de que una prueba esencial, un anexo de unas mil páginas con más de 200 facturas que acompañaba al informe de Hacienda, no estaba incorporada al proceso. De haber continuado el juicio, el ministerio público –que se dio cuenta del fallo y quiso solventarlo al principio de la vista– no hubiese podido continuar con la acusación. El magistrado Lobejón entiende que, al tratarse de una prueba esencial, era lógico que la jueza González-Tascón anulase la vista oral para poder reconstruir la prueba. La Audiencia no aprecia vulneración alguna de precepto legal o constitucional.

Las defensas aseveraban además que la sentencia del Juzgado de lo penal no estaba motivada, pero Lobejón estima que “responde exhaustivamente a todas las cuestiones penales planteadas”. También defiende las escuchas que llevaron a destapar el caso. Se mantienen para los acusados multas por 1,3 millones, por tres delitos en el régimen de tributación del Impuesto de Sociedades de los ejercicios fiscales 2006, 2007 y 2008 y otros dos delitos por el Impuesto del Valor Añadido (IVA) de 2007 y 2008.

Víctor Manuel Muñiz ya fue condenado por su parte a otros cinco años y dos meses de cárcel en la pieza principal del “caso Marea”, del que deriva este fraude fiscal.