El número de asturianos que se han excluido a sí mismos de los juegos de azar por sufrir problemas de ludopatía suben como la espuma. Según datos del Ministerio de Consumo, el número de asturianos inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego ascendió a 936 en 2020, frente a los 845 de 2019. Son 91 más, lo que supone un aumento del 10,77 por ciento. Los expertos señalan no obstante que esta cifra “es la punta del iceberg, se calcula que supone un diez por ciento de las personas que tienen problemas con el juego”, indica Máximo Gutiérrez, de la Asociación de Ludópatas en Rehabilitación (Larpa), que atiende a unos 600 de estos de enfermos –además para toda la vida– en la región. Se calcula que un 0,9 por ciento de la población tiene problemas con el juego. Eso hace unas 9.000 personas en Asturias, unas 450.000 en toda España, añade Gutiérrez. “No es la gente que está en el registro, sino la que no está, la que me preocupa, la gran cantidad de gente que sigue sin recibir tratamiento para superar la ludopatía”, añadió.
“Debería haber una campaña para difundir la existencia de este registro de autoprohibidos”, cree Gutiérrez, convencido de que es el mejor empleo que puede hacerse con los ingresos que recibe el Principado por el juego, unos 45 millones de euros al año, de los que solo 50.000 revierten en la lucha contra la ludopatía.
Cuando una persona detecta su adicción al juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en el registro de autoprohibidos, que le impide el acceso a la actividad. Al darse de alta, la administración y las empresas imposibilitan la entrada a portales online donde se puede apostar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos de una acción compulsiva del juego.
Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. La base de datos que depende del Ministerio de Consumo impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las Comunidades Autónomas.
“El resgistro es un freno, pero no la panacea”, cree Máximo Gutiérrez, aunque un 90 por ciento de los inscritos mantienen la prohibición al cabo de un tiempo. Como los alcohólicos en rehabilitación, “los ludópatas tienen que estar alerta toda la vida”, explica Gutiérrez.
Las restricciones debido a la pandemia, con el cierre de salas de apuestas y del juego online, aparte de la suspensión de las actividades deportivas, causaron una lógica caída en picado del juego. Pero al cabo de unos meses se levantaron las prohibiciones y las apuestas se multiplicaron exponencialmente. La pandemia ha traído además una consecuenca añadida: la gente es más remisa a acudir a las casas de apuestas, por lo que muchas personas que no lo habían hecho con anterioridad han empezado a apostar online.
“Además, aunque el Principado lo niegue, se está incrementando el número de menores que hacen apuestas”, asegura Máximo Gutiérrez. ¿Cómo lo hacen, si se les requiere el carné de identidad? “Del mismo modo que beben sin tener edad para ello. Usan el dinero de la paga, como siempre ha ocurrido, pero también están suplantando la identidad de sus padres o abuelos para acceder a apuestas online”, sostiene Gutiérrez. “A la asociación nos llegan cada vez más jóvenes. No hay una avalancha de menores, pero sí hay casos, y además es muy difícil convencerles de que tienen un problema con el juego”, advierte el presidente de Larpa.
Con ser importante el aumento de los “autoprohibidos” en la región, es inferior a la media nacional. En España, estos autoexcluidos pasaron de 50.287 a 56.329, 6.042 más, lo que supone un aumento del 12 por ciento. Uno de cada cuatro inscritos, más de 13.000, procede de Andalucía. Le siguen la Comunidad de Madrid (17,03 por ciento) y Aragón (9,32 por ciento).
La comunidad autónoma que más ha crecido a lo largo de 2020 es Baleares, que ha visto incrementado en un 56,9 por ciento el número de personas autoexcluidas respecto a 2019, alcanzado las 1.183. Le siguen Castilla-La Mancha (23,56 por ciento) y Murcia (23). Por el contrario, las comunidades autónomas con un menor crecimiento relativo en 2020 son Aragón (6,64 por ciento) y Castilla y León (9,76). Por provincias, Cuenca es la que experimenta un mayor crecimiento, al pasar de 103 registros en 2019 a 145 en 2020 (40,78 por ciento). Le siguen Tarragona (39,63), Teruel (34,06), Segovia (28,45), Ciudad Real (24,76) y Lugo (24,19). Las provincias que muestra un menor crecimiento relativo son Sevilla (4,41 por ciento), Zaragoza (5,55), Huelva (5,61), León (5,63) y Granada (6,10).
