La patronal asturiana de la hostelería decidió ayer guardar un silencio expectante, una prudente reserva a la espera de un análisis más profundo de la parte de las nuevas medidas para la contención de la pandemia que afectan o pueden afectar a los establecimientos. No parece, sin embargo, que las opción de restricción selectiva abrazada ayer por el Gobierno del Principado vaya a aplacar el enfado de los empresarios, que se siguen sintiendo en muchos casos blanco injusto de la mayor parte de las decisiones restrictivas adoptadas por el Ejecutivo regional. Ayer, sin ir más lejos, algún representante del sector acrecentó su indignación a la vista de las aglomeraciones que se generaron en la estación invernal de Valgrande-Pajares, repleta de esquiadores por un error en la aplicación informática para la venta de los forfaits.
Las imágenes de las colas en la instalación indignaron a la parte mayoritaria de la hostelería que ya se siente injustamente culpabilizada y que protesta asimismo al comprobar que las nuevas amenazas de cierre del interior de los bares se presentaron ayer por encima de las quejas del sector por el ritmo al que el Principado está abonando las ayudas compensatorias prometidas. La nueva batería de advertencias restrictivas llega, de hecho, un día después de que la patronal haya entrado en una controvertida guerra de cifras con el Principado a cuenta del número de ayudas que han llegado a su destino: el Gobierno sostiene que ha abonado el 90 por ciento de las prometidas para el año pasado mientras la patronal esgrime una encuesta interna que dice que un tercio de sus asociados no ha cobrado y habla de un malestar en el sector por el recuento del Ejecutivo, materializado en “un aluvión de llamadas” de protesta a la asociación.
El Gobierno regional sostiene, mientras tanto, que precisamente estas medidas tienen como propósito establecer unos parámetros objetivos y predecibles, de modo que el sector hostelero de cada concejo pueda ir previendo las consecuencias a medida que aumenten los casos. También persigue que los gobiernos locales apliquen con mayor grado las medidas de control de los incumplimientos para evitar contagios. En algunos medios próximos al gobierno regional se cuestiona la falta de implicación de algunas policías locales en la vigilancia del cumplimiento de las medidas. “Hay un evidente cambio de estrategia; ahora, siendo una medida concejo a concejo, los alcaldes van a ver según sus números cuando se acercan a la situación crítica”, indicaron fuentes próximas al Gobierno. El mismo razonamiento, sostienen las mismas fuentes, se pretende dirigir también al sector hostelero.
