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Asturias desbloquea, tras cuatro años de espera, la movilidad de funcionarios

CSIF celebra el concurso de traslados, que supondrá un paso en la reforma de la Administración y abrirá la puerta a nuevos trabajadores

Los funcionarios de carrera de la Administración asturiana están “contentos”. “Por fin” y tras “cuatro años de espera”, el Principado sacará un concurso de traslados para “desbloquear” tres categorías: auxiliares administrativos, administrativos y técnicos de gestión. Este concurso, que permite la movilidad geográfica de unos 3.000 trabajadores, es el primer paso de la reforma de la Administración autonómica asturiana y una condición necesaria para incorporar a las 184 personas que aprobaron las oposiciones ya hace meses y, en alguno casos, hasta hace más de un año.

“Es la primera luz que vemos tras el bloqueo permanente de la Administración autonómica, a ver si cogen carrerilla y sacan traslados del resto de cuerpos”, valoró ayer Sergio Peña, presidente de CSIF Asturias, sindicato mayoritario entre los funcionarios. La fecha de publicación de la convocatoria en el Bopa está prevista para finales de la semana que viene o a principios de febrero, según trasladó el Principado a los sindicatos en una reunión mantenida este viernes. La tramitación tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de seis. El plazo de presentación de la instancia, junto con los documentos necesarios, será, según consta en el borrador de la resolución, de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

CSIF celebra el paso de gigante dado por el Gobierno regional, “en solo nueve meses de gestión del vicepresidente Juan Cofiño”, la persona elegida por el presidente Adrián Barbón para acometer una profunda reestructuración de la Administración. Pero por otro lado critica su tardanza: “Llega muy tarde”. “Por fin vemos un cambio en el Principado. En otras comunidades o en la Administración General del Estado los concursos de traslados son anuales. En Asturias, en cambio, se dilatan casi lustros cuando ni siquiera tienen coste económico para los ciudadanos”, señaló Sergio Peña. Mismamente, la movilidad en las categorías ahora desbloqueadas, auxiliares administrativos, administrativos y técnicos de gestión, acumulaban un retraso de hasta cuatro años, algo “inexplicable” según el sindicato mayoritario.

CSIF pide a la dirección general de Función Pública que la convocatoria que está a punto de salir “no sea una excepción rara”, de forma que saquen “una anual o que cumplan la ley y que sea como máximo cada dos años”. “A ver si cogen carrerilla y desbloquean todo lo que se bloqueó durante años. En otras categorías se necesitan también concursos de traslados”, insistió Sergio Peña.

Una vez finalizado este proceso, las 184 personas que sacaron hace meses las oposiciones podrán por fin trabajar. En concreto, son 117 auxiliares administrativos, 62 administrativos y 5 técnicos de gestión. Algunos de ellos aprobaron la oferta pública de empleo “hace más de un año”, como denunció Sergio Peña. “Y no podían empezar a trabajar hasta que la Administración hiciera un concurso de traslados previo entre el propio personal para ofrecerles aquellos que queden libres”, añadió.

Los planes del Gobierno

El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció el pasado mes de junio su intención de llevar a cabo una gran reforma de la Administración. Uno de los principales retos, en este sentido, es estabilizar la plantilla, con medidas como reducir la tasa de interinos de larga duración. El Principado cuenta con una alta tasa de interinidad, alrededor un 30 por ciento de sus más de 36.000 empleados, muchos de ellos de larga duración desde hace incluso más de dos décadas. La reforma, no obstante, “trasciende a esta legislatura”, tal y como afirmó en su día el vicepresidente Cofiño, quien señaló entre las medidas del medio plazo la de aprobar una nueva ley de Función Pública y definir la RPT, con los puestos que requiere una Administración moderna para ser ágil y dinámica, conforme a las nuevas y actuales demandas de la sociedad. El Gobierno tiene también la intención de aprovechar la reforma de la ley de Función Pública para adaptarla a necesidades advertidas en esta pandemia, como “mover” a los funcionarios de una consejería a otra, una situación que ahora resulta prácticamente imposible.

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