La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior de Cantabria, Paula Fernández (PRC), ha anunciado que esta comunidad cobrará por primera vez por la realización de un rescate. Fernández aclaró que la intervención cuya tasa se va a cobrar no se produjo en 2020, año en el que no se ha repercutido el coste por ninguna asistencia, sino del presente 2021.
La consejera, que concretó de qué rescate o intervención se trata, explicó que se decidió cobrar la movilización de medios de Emergencias dado que las personas asistidas no llevaban el equipamiento adecuado para la actividad que estaban realizando. La directora general de Interior, Jezabel Morán, explicó que el no ir adecuadamente equipados es “uno de los supuestos de hecho imponibles” para el cobro de la tasa.
Morán explicó que, después de cada intervención, se elabora un informe técnico en el que se determina si se dan los supuestos para repercutir el coste. En este caso se determinó que sí y se elaboró una propuesta jurídica. Ahora ya se están haciendo trámites para el cobro.
“Las clases semipresenciales, además de un fracaso político, incrementan las horas de trabajo del profesorado asturiano”. Así lo denunció ayer el sindicato de enseñanza UGT, tras revelar el Instituto Nacional de Estadística (INE) que los docentes hacen más de dos horas y media diarias de trabajo extra. “La situación actual se ha hecho intolerable. Las actividades administrativas se han multiplicado. La semipresencialidad está siendo nefasta para el alumnado y aumenta la carga de trabajo al profesorado. Al político le resulta mucho más cómodo imponer el ‘rodillo burocrático’ para transformar en parámetros estadísticos su inoperancia”, criticó el secretario general, Cristóbal Puente.
Por su parte, CSIF destacó que el Gobierno central recomienda ahora el uso de filtros o purificadores de aire en el aula cuando no sea posible una ventilación natural adecuada, una reivindicación hecha por el sindicato educativo “desde inicios de curso”. Algunos centros educativos asturianos tienen estos aparatos, en la mayoría de los casos costeados por las asociaciones de padres de alumnos.
