Los menores extranjeros desplazados, el colectivo conocido como “menas”, y la ocupación ilegal de viviendas “no son problemas acuciantes en Asturias”, aseguró ayer la fiscal superior de Asturias, María Esther Fernández, en su comparecencia ante la Junta General del Principado, donde repasó la memoria del organismo que dirige relativa al año 2019. Un año donde se registró un “alarmante ascenso de los ciberdelitos” y un total de 44.303 procedimientos por delito. La fiscal superior, fiel a su estilo directo, campechano y por momentos desenfadado, admitió una mejoría en los medios técnicos con los que se ha dotado a la Fiscalía en los últimos meses, señaló como la gran asignatura pendiente en materia de infraestructuras la concentración de las sedes judiciales en Oviedo y se quejó de la excesiva burocracia administrativa, que sufre en primera persona: “Tengo que remitir un oficio hasta para poner una bombilla o mover un mueble”.

“No me consta”, respondió la fiscal superior cuando el diputado de Ciudadanos, Luis Fanjul, le preguntó si era importante en términos cuantitativos el impacto de la ocupación ilegal de viviendas en los delitos que se registran en Asturias en Asturias contra la propiedad. “No es un problema acuciante”, afirmó Esther Fernández, quien aseguró que las denuncias relacionadas con la ocupación de viviendas están más ligadas “a cuestiones de género”. En relación a los “menas”, la fiscal superior de Asturias tampoco se anduvo con rodeos: “No hemos tenido ningún conflicto social”, aseguró Esther Fernández al tiempo que precisaba que “la mayoría de los expedientes están relacionados con la determinación de la edad” de los jóvenes que integran ese colectivo.

La fiscal superior, que en anteriores comparecencias se había quejado por la falta de medios, sobre todo informáticos, reconoció ayer que “se van consiguiendo mejoras”. Ahora todos los fiscales ya tienen ordenador portátil y la implantación del expediente digital avanza a buen ritmo. Pero apuntó como uno de los mayores problemas “la reunificación de las sedes judiciales en Oviedo”, una situación que, ha subrayado, “cuesta mucho dinero en alquileres, desplazamientos y personal”. Cree que la opción más viable en estos momentos pasaría por lograr esa reagrupación “con edificios ya existentes”, como los de Llamaquique, una idea recogida ya tiempo atrás por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, a raíz de los planes que tenía el anterior equipo rectoral de la Universidad de Oviedo, liderado por Santiago García Granda, de trasladar las facultades y escuelas de esa zona del centro urbano al campus del Cristo. Esther Fernández defendió que el coste económico de la reagrupación de sedes judiciales, pretexto que se suele dar para justificar su aplazamiento, “se amortizaría en el medio plazo, en unos cinco años, si se suma el ahorro que supondría en taxis, desplazamientos y horas de trabajo”. El diputado popular Pablo Álvarez-Pire (PP) aprovechó este punto de la comparecencia para recordar que la consejera de Presidencia, Rita Camblor, situó la reagrupación de sedes judiciales en Oviedo en el largo plazo, no antes de 2022.

Sobre las estadísticas de delitos, la fiscal superior llamó la atención sobre “el alarmante uso delictivo de las nuevas tecnologías” y su impacto en menores “por inconsciencia y falta de percepción” del riesgo. Esther Fernández insistió un año más en reclamar el desdoblamiento de la Fiscalía Superior, con la creación de la Fiscalía Provincial, una situación que ya se da desde hace años en la magistratura judicial de Asturias y que permitiría un reparto de las cargas de trabajo de los fiscales.