El diputado regional de Podemos Rafael Palacios acusó ayer al Gobierno central de “sabotear” el ingreso mínimo vital (IMV) al negarse ahora a admitir el trasvase de los beneficiarios del salario social básico, que había gestionado la Consejería de Derechos Sociales. Además, exigió que a las 9.000 familias afectadas se les abonen también los importes con carácter retroactivo, a lo que de momento se niega el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Palacios, que compareció junto a los portavoces del consejo ciudadano Cristina Tuero y Francisco Suárez, criticó que ahora esas 9.000 familias se vean obligadas a tramitar por internet su solicitud, cuando la mayoría carecen de conexión y equipos informáticos.

Esta situación provoca, además, una sobrecarga a los trabajadores sociales, que tienen que atender estos trámites a la vez que gestionan otras prestaciones. A esta denuncia añadió la falta de coordinación entre las administraciones públicas, lo que causa desafección institucional.

La Consejería de Derechos Sociales afirmó posteriormente que mantiene contactos con la Seguridad Social para conseguir una buena coordinación, y que ninguna comunidad autónoma ha hecho el trasvase completo de sus beneficiarios de rentas mínimas al ingreso mínimo vital por la enorme complejidad del proceso. Añadió que impulsará que las entidades locales incluyan medidas de incorporación sociodigital dentro de sus programas locales, como el proyecto “Conect@dos”, que se inició en Parres, u otros que ya se han puesto en marcha de manera puntual en otros municipios para la tramitación del ingreso mínimo vital, tal y como adelantó este periódico.