Las familias y las residencias geriátricas, en especial las privadas, presionan a la Consejería de Servicios Sociales para que se flexibilicen las restricciones en los geriátricos, pero Salud considera que no debe levantarse aún la mano. El disenso entre ambas consejerías quedará zanjado el próximo 9 de abril, cuando la Consejería que encabeza Pablo Fernández devuelva las competencias sobre estos centros a la de Melania Álvarez. Se da la circunstancia anecdótica de que el consejero de Salud, el departamento proclive a mantener las limitaciones, es el marido de la responsable de los geriátricos públicos, Ana Suárez Guerra.
El director general de Salud, Rafael Cofiño, confirmó ayer que la Consejería de Derechos Sociales podrá recuperar “algunas de sus competencias” tras la Semana Santa, por lo que podrá autorizar, por ejemplo, nuevos ingresos en los geriátricos. Este es un caballo de batalla en especial en los centros privados, ya que existen plazas vacías que no han sido ocupadas durante las pandemias. Al mismo tiempo, la responsable de los geriátricos en Asturias aboga por permitir las visitas de los familiares, limitadas prácticamente desde el inicio de la pandemia.
Arsenio Alonso-Collada, presidente de la asociación de geriátricos privados Ascege, señaló que “es momento de dejar de pensar ya en restricciones tan estrictas”, y destacó que los centros llevan un mes sin apenas contagios, salvo casos aislados. Si bien reconoció que algunas medidas de Salud en los centros pudieron funcionar, “en este momento ya no son necesarias”, y lamentó que aún no hayan sido compensados por las pruebas que han tenido que realizar a residentes y empleados.
