El Gobierno asturiano ha reforzado con cinco personas el área encargada de tramitar los numerosos expedientes y propuestas de sanción relacionadas con las infracciones de la normativa covid y no baraja acudir a ninguna empresa privada para agilizar y dar salida a la sobrecarga de trabajo que supone.
La portavoz del Gobierno y consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, ha asegurado que se trata de un "número importante de expedientes" derivados de denuncias y sanciones por saltarse la normativa sanitaria que hay en vigor para hacer frente a la pandemia del coronavirus, pero que con los refuerzos de personal realizados no será preciso acudir a ayuda externa.
Álvarez se refería así a la decisión de la Comunidad de Madrid de externalizar la tramitación de multas por saltarse el toque de queda o los cierres perimetrales, participar en fiestas ilegales o no llevar puesta la mascarilla.
La portavoz del Gobierno ha evitado poner una fecha para que hosteleros, comerciantes y otros empresarios a los que se les han concedido las ayudas covid puedan empezar a cobrarlas, aunque ha asegurado que han puesto "toda la carne en el asador" para intentar que puedan hacerlo cuanto antes.
