La sociedad que gestiona las viviendas públicas autonómicas, Vipasa, se ha convertido en el escenario de conflicto político entre Podemos y el Gobierno. Y esa disputa subió ayer de temperatura después de que el diputado podemista Rafa Palacios denunciase públicamente que la entidad estaba dispuesta a desahuciar a una vecina de La Felguera, víctima de violencia de género (“con orden de alejamiento vigente”), por una deuda “de poco más de 1.500 euros cuando sus ingresos mensuales son de unos 400”. Palacios, que en sus últimas críticas a Vipasa la acusó de ser el “peor casero de Asturias”, calificó de “vergonzoso para un gobierno que se califica como socialista” el proceder de la entidad. Una vez más, Palacios reclamó el cese tanto de la gerente de la entidad, María Montes, como del director general de Vivienda, Fermín Bravo.
La consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de Melania Álvarez, replicó a la denuncia poco después ofreciendo otro relato. Según este, la inquilina obtuvo la vivienda en octubre de 2019 por ser víctima de violencia machista, pero no ha pagado desde entonces ningún recibo, de modo que debe 19 mensualidades, “además de los pagos de la comunidad y otros cinco correspondientes a consumos”.
Según la Consejería, la deuda le fue notificada en mayo de 2020 y la inquilina se comprometió a pagar un recibo atrasado y el del mes en curso, pero no respondió cuando se le envió el acuerdo de pago para que lo firmase. La situación se repitió dos meses después. Además, según el Gobierno, los vecinos notificaron problemas de convivencia y un inspector afirmó que la inquilina alquilaba habitaciones y había motivado la intervención de la Policía en varias ocasiones. Poco después, los vecinos volvieron a denunciar la situación y relataron amenazas de ella y de su pareja. El desahucio está suspendido al no haber podido notificársele a la inquilina. Además, ella rechazó que la evaluasen los servicios sociales.
IU también ha puesto en cuestión algunas de las acciones de Vipasa, pero acordó con el Gobierno establecer un cauce de diálogo con la Consejería. La próxima semana se celebrará una reunión de seguimiento de la situación.
