La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Consejo Consultivo rechaza indemnizar a dos conductores interinos del Principado

El órgano autonómico considera que los reclamantes “no acreditaron la efectividad del daño moral” ni se vulneró ninguna norma de la UE

Edificio de consejerías del Principado en Llamaquique, en Oviedo.

El Consejo Consultivo ha rechazado indemnizar a dos conductores interinos del Principado, que exigían una compensación económica de 18.000 euros en concepto de daños morales por la prolongada vinculación contractual sin habérseles garantizado una plaza fija en la administración regional. Los dos trabajadores interinos incluían entre sus alegatos sentencias del Tribunal de Justicia de Unión Europea sobre el abuso de la contratación temporal en España, pero el Consultivo estima que esa jurisprudencia no avala la pretensión de ambos conductores, de obtener la citada indemnización.

En Asturias hay 23.700 empleados temporales que trabajan para alguna administración (Principado, Estado o ayuntamientos). El colectivo ha iniciado una campaña de movilizaciones ante la amenaza de que las ofertas públicas de empleo (OPE) que exige la Unión Europea a España a cambio de las ayudas de reconstrucción pongan en peligro su puesto.

Los argumentos que exponen los dos conductores mecánicos del Principado que decidieron presentar una reclamación patrimonial ante el Consejo Consultivo son bastante similares, de ahí que los motivos esgrimidos por este órgano del Principado también resulten análogos. Los dos dictámenes del Consultivo se produjeron en fechas muy próximas, los días 18 y 25 del pasado mes de febrero. También las dos reclamaciones de los conductores habían sido presentadas en fechas similares, el 28 de mayo y el 6 de junio, respectivamente, de 2019.

La primera reclamación a la que ha dado respuesta este año el Consejo Consultivo es la de un conductor mecánico que entró como interino al servicio del Principado ha ce más de trece años, en enero de 2008. El empleado incluyó en su escrito que ni ese año ni en los siguientes se incluyó la plaza que ocupaba en la oferta pública de empleo y afirmó que ese puesto es “una necesidad permanente” ya que no ha sido objeto de amortización. El interino, antes de recurrir al Consultivo, había pedido a la consejería de Hacienda y Sector Público que se le reconociera la condición de funcionario de carrera en ese puesto o, subsidiariamente, la inmovilidad de esa plaza o que le fuera asignada en propiedad, pretensiones todas ellas desestimadas. También interpuso un recurso en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, del que finalmente acabó desistiendo. La segunda reclamación es de otro conductor, que empezó a trabajar para el Principado en una interinidad por vacante desde abril de 2006, aunque con anterioridad ya había realizado alguna sustitución en el año 2004. La solicitud de indemnización, ahora denegada, había sido presentada en mayo de 2019.

El Consultivo aclara que sus dictámenes sobre estas reclamaciones únicamente alcanzan a la reclamación de responsabilidad patrimonial para concluir en ambos casos que “no se estima acreditada la efectividad del daño moral reclamado, ni vulnerado un concreto derecho reconocido por el ordenamiento de la Unión Europea, y media en este caso una resolución administrativa válida y eficaz, que deniega el carácter abusivo de los vínculos temporales” invocados por ambos reclamantes.

Las dudas entre sentencias contradictorias y el informe de una expresidenta del Constitucional

Los derechos de los interinos de larga duración, los llamados “eterninos”, el personal que ha encadenado contratos durante 20, 25 o 30 años y más, se mueven entre la incertidumbre y las dudas que generan las sentencias contradictorias, dictadas en los últimos tiempos. Mientras juzgados de Alicante o Bilbao han reconocido la fijeza a los trabajadores públicos que se encuentran en abuso de temporalidad, otros tribunales han desestimado las reclamaciones de interinos que pedían la estabilidad en sus puestos. En medio de este limbo, se conoció hace unas semanas un informe del estudio jurídico Ejaso, firmado por la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, que admitía la posibilidad de hacer fijos a los empleados públicos mediante la continuidad en sus puestos hasta la jubilación, con una reforma legislativa de por medio. La exmagistrada del Constitucional rechazaba además que esta alternativa vulnerase los principios de igualdad, mérito y capacidad, que han de primar en el acceso al empleo público. Muchos interinos asturianos invocan que ellos ya fueron contratados tras superar exámenes o procesos, que les permitieron entrar en la bolsa de empleo público. Como telón de fondo, un problema a tres bandas entre las Administraciones, los interinos de larga duración que reivindican seguir en sus puestos y los nuevos opositores que aspiran a entrar.

Compartir el artículo

stats