La Delegada del Gobierno, Delia Losa, y la Jefa Superior de Policía en Asturias, Luisa María Benvenuty, advirtieron esta mañana de que los controles de vigilancia en las medidas contra la pandemia se mantendrán una vez que finalice el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Losa señaló que “los controles van a seguir adecuándose al marco de competencias” a partir del fin del estado de alarma. “Los cierres perimetrales ya son competencia de la comunidad autónoma y se podrán seguir haciendo. Las medidas, en su mayoría y las fundamentales, tendrán amparo legal en el ámbito de la normativa autonómica y con el refrendo de tribunales de justicia. Teniendo en cuenta además cómo avanza la vacunación, soy optimista en el sentido de pensar que en esa fecha se puede abordar sin ningún problema la suspensión del estado de alarma”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro, aseguró por su parte en el transcurso de una visita a los juzgados de Avilés que los magistrados del alto tribunal de la región están preparados para atender con “agilidad y diligencia” la más que probable carga extra de trabajo que tendrán debido a que serán los encargado, en última instancia, de “autorizar o ratificar las restricciones que supongan una limitación de los derechos de los ciudadanos” una vez decaiga el actual estado de alarma, algo previsto por el Gobierno central para el próximo 9 de mayo.
“Es absolutamente necesario luchar contra la pandemia y adoptar medidas, pero también es necesario que se respeten los cauces legales”, señala el presidente del TSJA
En declaraciones a los periodistas, Chamorro precisó que la encargada de autorizar –o denegar, si llegase el caso– las restricciones de derechos civiles que pudiera aprobar la Consejería de Salud será la Sala de lo Contencioso del TSJA, que cuenta con ocho miembros. Será a esos magistrados a los que les corresponda “valorar la proporcionalidad de las medidas de acuerdo a la situación epidemiológica y la limitación de los derechos de los ciudadanos”.
“Es absolutamente necesario luchar contra la pandemia y adoptar medidas, pero también es necesario que se respeten los cauces legales”, declaró Chamorro, quien recalcó que una vez que se levante el estado de alarma “pasaría todo por que las medidas sean autorizadas por la autoridad judicial”. Y en este sentido, precisó que ya e el pasado “los magistrados se han pronunciado, en situaciones concretas, sobre la legalidad de medidas adoptadas, como las que tuvieron que ver, por ejemplo, con el ámbito de la educación o la privacidad de datos”.
Luis María Benvenuty remarcó que la Policía “adecuará los dispositivos” para seguir manteniendo la seguridad ciudadana igual que hasta ahora. Nos tendremos que adecuar a legislación vigente”. En este sentido el consejero de Salud del Gobierno del Principado de Asturias ha asegurado hoy que el ejecutivo regional tiene previsto aprobar el viernes la nueva legislación con la que se pretende limitar los movimientos y la actividad tras el estado de alarma.
Asturias relaja las medidas
El inicio del toque de queda se retrasa una hora, de 23.00 a 6.00 horas.
Ajuste de los horarios en hostelería. Deberán cerrar el interior a las 21.00 horas y las terrazas a las 23.00 horas. Se eleva a 6 el número de comensales por mesa en terrazas y se mantiene el máximo de 4 en el interior. La atención en barra seguirá restringida salvo para recogida a domicilio.
Reapertura de los establecimientos turísticos con un aforo máximo del 50% en zonas comunes, centros recreativos para jóvenes y mayores con actividades al aire libre limitadas a grupos de hasta 25 personas y recintos feriales para congresos.
Comercio y gimnasios amplían el aforo al 50% y su horario de cierre se extiende hasta el definido por el toque de queda, a las 23:00 horas.
Cultura y turismo activo. Visitas a interior de 15 personas y en el exterior de 25 (contando los guías).
Deporte. Comienza la competición autonómica en categorías absoluta y juvenil, con presencia de público hasta un máximo de 300 personas, sentadas y con distancia de seguridad. Se podrá practicar deporte en grupos de hasta 25 personas. En piscinas de uso deportivo el aforo se eleva a 4 personas por calle y también grupos de un máximo de 15 personas.
Se podrán celebrar mercados de ganado, con la presencia exclusiva de profesionales.
El consejero de Salud ha admitido en su intervención, "con la necesaria humildad", que la gestión de "una pandemia sin precedentes" ha supuesto una carga de trabajo para su departamento pero al mismo tiempo ha asegurado que la reforma de esta ley para contar con herramientas ante la situaciones extraordinarias como la actual. Pablo Fernández detalló que en el período de participación se recibieron 19 alegaciones o sugerencias. "Seguimos avanzando, nada se ha parado", aseguró el titular de Salud, que precisó que el texto ya está a disposición de los secretarios generales técnicos que podrían dar el visto bueno para que sea aprobado por el Consejo de Gobierno "este mismo viernes". El diputado Zapico hizo hincapié que la terminación del Estado de Alarma acarreará "un grave problema" para seguir aplicando medidas contra la expansión de los contagios, sobre todo las relativas a la movilidad de los ciudadanos. "Necesitamos ese marco jurídico", insistió el parlamentario IU, quien consideró que "la tramitación de la reforma ha sido excesivamente lenta".
Pablo Fernández, no obstante, ha dado por hecho que "independientemente" de la reforma de ley autonómica de Salud el Principado , las medidas que se deban aplicar cuando concluya el Estado de Alarma "deberán ser autorizadas por la autoridad judicial".
¿Podrá Asturias decretar cierres perimetrales?
El primer borrador del anteproyecto para reformar la ley de salud asturiana que se dio a conocer hace meses anunciaba la posibilidad de que el ejecutivo regional pudiera declarar la emergencia sanitaria. Dicha competencia permitirá la puesta en marcha de acciones y medidas "con repercusión transversal importante, a nivel sanitario, económico y social" para preservar la salud de la población. Entre estas medidas "excepcionales y urgentes" estarían "el confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros", así como "la evacuación, alejamiento y restricción de acceso de las personas respecto a los lugares de riesgo para la salud, propia o de los otros".
El anteproyecto especificaba que la duración de estas medidas estaría limitada al tiempo necesario para afrontar la emergencia sanitaria y también establecía que el Gobierno regional tendría que dar cuenta de la situación de emergencia sanitaria a la Junta General del Principado, aunque no requeriría de su aprobación mediante una votación de los diputados autonómicos en el Pleno del parlamento.
Especialistas en Derecho Administrativo cuestionan alguno de los contenidos de esta reforma que preparan los servicios jurídicos del Principado. El jurista ovetense Javier Junceda sostiene que "una ley autonómica ordinaria no puede afectar a derechos fundamentales, como el de la movilidad, y menos aún entrar en el confinamiento de personas a lugares seguros". En opinión de Junceda, el Principado para establecer restricciones de ese calado y alcance debería recurrir a la solicitud del estado de alarma al Gobierno central. El especialista en Derecho Administrativo apunta incluso que medidas adoptadas por la Xunta de Galicia como los confinamientos en las comarcas de la Mariña, Coruña o, más recientemente, en Orense carecen de soporte jurídico en la normativa vigente actualmente. Cabe recordar los reparos técnicos que ya plantearon diversos juristas a la aplicación del estado de alarma en lo relativo a los confinamientos domiciliarios, "una medida que es más propia del estado de excepción", apuntó Junceda. El confinamiento generalizado, que caracterizó los primeros meses del estado de alarma, también fue cuestionado, por ejemplo, por Miguel Ángel Presno, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo.
