Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, entró ayer en el terreno espinoso de los interinos de la administración proponiéndose en el Senado establecer en tres años el límite máximo en el que han de estar cubiertas las plazas ocupadas por trabajadores sin contrato fijo. Asombrado ante las elevadas tasas de temporalidad en el empleo público, un problema que Asturias sufre con singular crudeza, el Ministro quiso cimentar en la Cámara Alta un compromiso para reducir las tasas a través de medidas “eficaces que eviten nuevas bolsas de empleo temporal”. Invocando una imagen que se ha vuelto anómalamente frecuente en el Principado, Iceta ejemplificó sus intenciones con la convicción de que “no se puede tener veinte años a una persona con un contrato temporal” y prometió que “vamos a prohibir que se haga”.
Confía en tener la propuesta pactada para el mes de junio y cifra el objetivo en la necesidad de que la tasa de temporalidad no pase del ocho por ciento en el conjunto de las administraciones, un propósito ambicioso en según qué instancias: el nivel de Asturias puede rondar el treinta y alcanzar el cuarenta si se aísla el personal educativo. El Gobierno, añadió ayer el Ministro, invertirá mil millones de euros de su Plan de Recuperación en reducir la temporalidad, elevar la tasa de reposición y captar talento joven.
La rebaja de la interinidad se hará, según Iceta, a través de una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que despierta cierto escepticismo entre los sindicatos asturianos de la función pública, muy vacunados ya contra los propósitos incumplidos. Sergio Fernández Peña, presidente autonómico de CSIF, recuerda que la norma básica ya prevé la consolidación del empleo interino y que eso hasta ahora no ha importado por el caso omiso que le ha hecho la administración asturiana. Pide una modificación normativa que establezca con claridad “la obligatoriedad y las sanciones”, el riesgo y “la responsabilidad personal” a la que debería enfrentarse quien incumpla y “pervierta” como hasta ahora el espíritu y la letra de la ley perpetuando los contratos temporales. Se debería arbitrar asimismo, continúa, “algún mecanismo legal que dé una solución” a los interinos, a los que hasta ahora se les aplica un modelo de estabilización que, por ejemplo mediante una valoración de los méritos profesionales que no agota todas la posibilidades previstas en la ley, termina en muchos casos con los trabajadores pasando de la interinidad a “la calle”.
“De los noventa”
La resistencia del Principado tiene a Asturias, denuncia Fernández Peña, como una de las pocas autonomías que mantiene temporales “de los años noventa”. No ve en las demás “tantos ejemplos” tan sangrantes como aquí.
A Borja Llorente (CCOO) la música del anuncio del Ministro le suena. Recuerda que en 2017 se aprobó ya un acuerdo de mejora del empleo público que establecía la reducción de la tasa al ocho por ciento y que “fue incumplido de manera descarada por el Gobierno asturiano”. Tanto que la ratio de temporalidad “no sólo no se redujo, sino que aumentó”. También él advierte de que el EBEP ya prevé que los puestos ocupados por interinos deben ser cubiertos en el año siguiente y “tampoco se cumple”. De ahí el escepticismo y la sensación de que “necesitamos un proceso de estabilización mediante concurso-oposición, pero aumentando el peso de la experiencia o los méritos para que los interinos puedan consolidar sus puestos”.
Marisol Gómez (UGT) abunda también en que la situación laboral de los temporales de la administración asturiana pide ser arreglada “con urgencia, no en los tres años” que propone el Ministro. El sindicato urge “una respuesta más rápida” que resuelva las situaciones que ya son urgentes y que tienen a muchos trabajadores en “un sinvivir” y pide asimismo “un concurso de méritos real, porque el que tenemos ahora no lo es”, y una reforma inmediata. “Una cosa es la temporalidad y otra, el problema de los interinos”, concluye.
