La Junta General del Principado renovó hoy la discusión, otra vez, en torno al uso del asturiano en la cámara. Quiso resolverla, pero se volvió a enredar y se anuncia una nueva gresca lingüística para el Pleno de hoy y mañana. La Mesa aprobó un modo de empleo parlamentario de la llingua según lo que estaba previsto, o pactado entre PSOE e IU, y conforme al cual el presidente de la Junta, o en su caso los de las comisiones, podrán decidir dar un tiempo a los diputados asturfalantes para que hagan las aclaraciones pertinentes cuando otro aduzca que no entiende parte de su intervención. También como estaba previsto, el remedio no contentó a todos. Más bien a casi nadie. Vox reaccionó de inmediato pidiendo traducciones y señalando a los tribunales si no las recibe. Podemos manifestó igualmente su desacuerdo, a la vez con la resolución de la Mesa y con Vox, a quien acusó de enmascarar su intolerancia bajo una supuesta incomprensión y sugirió a sus antagonistas que si no entienden se paguen los intérpretes con su asignación parlamentaria: la madeja del bable sale de este nuevo intento más enredada de lo que estaba.
La nueva versión flexibiliza la propuesta socialista inicial, que planteaba otorgar al orador un tiempo extra para “autotraducirse” y que decayó la semana pasada presa del desacuerdo, con una nueva versión que da más margen de maniobra a los presidentes, en su condición de árbitro de las sesiones parlamentarias. Se plantea ahora que quien no comprenda un discurso en bable debe manifestarlo “al término” de la alocución para evitar interrupciones y que en ese caso quedará a criterio del presidente –el de la Junta en los plenos o los de las comisiones– habilitar o no “el tiempo que estime adecuado para que el orador efectúe en castellano las aclaraciones que fueran precisas para su entendimiento”. Será así, aclaran, siempre que el texto no se hubiera facilitado previamente traducido por escrito.
La alternativa recibió el asentimiento de la Mesa, donde no están representados ni Podemos ni Vox, los dos grupos más abiertamente enfrentados por la utilización del bable, y también como estaba previsto el desencuentro persiste. Dentro de la reunión, votaron a favor PSOE e IU, Ciudadanos se abstuvo y el PP se manifestó en contra. Fuera, Podemos no está conforme y sugiere que Vox se pague la traducción detrayéndola de su asignación parlamentaria; Vox ya señala de nuevo el camino de los tribunales, adelantando una nueva gresca lingüística para el Pleno de hoy y mañana. Aduce su falta de comprensión de forma preventiva y hoy, un día antes de que comience la sesión, da ya por supuesto que no va a entender parte de lo que se diga. Registró en la Junta un escrito en el que exige la traducción al español de las dos intervenciones referidas a las iniciativas que Podemos presentó en asturiano. Presupone lo que va a a pasar y advierte de que si no hay ni traducción escrita “se reserva el ejercicio de las acciones legales que al respecto le amparan”.
Aducen que así hacen cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el uso del asturiano en la Junta y exige de la Mesa un mecanismo para garantizarlo. Eso fue lo que el órgano rector de la cámara intentó darse hoy, pero al parecer está muy lejos de contentar a todos. La portavoz socialista, Dolores Carcedo, la defendió como “una respuesta adaptada a las situaciones que puedan producirse” y confió en que “a partir de ahora no se bloqueen intencionadamente los debates usando el asturiano como excusa”.
Podemos queda sin embargo, dijo hoy su diputado Rafael Palacios, “hondamente preocupado por el escenario político que se está abriendo en la Junta y en el que por primera vez en la historia se está impidiendo el uso del asturiano”. A su juicio, “obligar a presentar previamente escrita una intervención u obligar a volver a repetirla en castellano es una situación de burla, un intento de boicotear el proceso de normalización lingüística y un ataque a las instituciones democráticas”. La formación morada cuestiona la decisión de la Mesa, porque “pretender trasladar la obligación de traducir a la persona hablante es castigarla y discriminarla”. Vuelve a acusar a Vox de no tener un problema de incomprensión, sino de “intolerancia”, y hace una propuesta, mencionada ya a este respecto por algún experto jurista. Que se paguen la traducción. “Podría utilizar la cuantiosa subvención que recibe (de la Junta) para resolver ese problema, pero no lo van a hacer porque no tienen un problema de comprensión…” A todo esto, mientras su discurso a este respecto se separa del del PSOE, Podemos utilizará mañana su turno de pregunta al Presidente para cuestionarle si no cree llegado el momento de dar impulso a la reforma del Estatuto de Autonomía que dé pie a la cooficialidad del asturiano.
El diputado del PP Pablo Álvarez-Pire protestó contra la prolongación de un debate “estéril” y contra la propuesta de la Mesa, que “no solo no soluciona el problema, sino que puede generar una arbitrariedad que no beneficia a la institución”. Mientras, la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, lamentó la falta de debate en la Mesa, adonde PSOE e IU llegaron con un acuerdo sobre una resolución “demasiado abierta y poco concreta, que nos sitúa ante un nuevo escenario de discrecionalidad”.
IU se remitió a su apoyo a la propuesta como mejor fórmula de “garantizar los derechos de los asturianoparlantes y, al tiempo, dar respuesta a la sentencia del Constitucional” y el portavoz de Foro, Adrián Pumares, dirigió de nuevo la carga contra Vox, que “siempre nos va a tener enfrente en su intento de limitar o impedir el uso de la llingua en la Junta. Lo que está pasando no es un problema de comprensión, sino de intolerancia”, repitió, antes de reprochar también al PP que haya sido “colaborador necesario de Vox para llegar hasta aquí”.
El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, calificó de “surrealista” la decisión de la Mesa y sostuvo que la interpretación del presidente respecto a la falta de entendimiento contradice la sentencia del Constitucional.
La sentencia
A recurso de Vox, el Tribunal Constitucional avaló el uso del asturiano en la Junta y requirió de la Mesa las medidas oportunas para hacer efectivo ese derecho sin imponer el conocimiento de una lengua no oficial.
El conflicto
Desde la publicación de la resolución, las dos partes enfrentadas han invocado cada una el derecho que les reconoce el tribunal a la espera de que la Mesa arbitrara una solución intermedia.
Primera versión
El PSOE propuso que en caso de que un diputado aduzca que no entiende a un orador que habla en asturiano se daría un tiempo extra a este para “autotraducirse” si no ha entregado una versión española por escrito.
La segunda
Tras el fracaso de la primera versión por el desencuentro político, la Mesa aprobó ayer una más flexible, según la cual el presidente podrá decidir en cada sesión si habilita el tiempo que considere oportuno para que el orador haga aclaraciones.
El futuro
El desacuerdo ha persistido y ya hay grupos que señalan a los tribunales. El riesgo de retorno de la cuestión al Constitucional ha sido ya indicado por algunos expertos juristas.
