La consejería de Educación pondrá en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos el uso indebido de un archivo que incluía datos personales de opositores al cuerpo de enseñanzas secundarias ante las pruebas que se celebrarán el próximo junio y está dispuesta a llevar el caso a los tribunales de “detectarse que se han producido acciones constitutivas de delito”, informaron fuentes del Gobierno regional.
La dirección general de Estrategia Digital está realizando un análisis técnico de los datos difundidos en grupos de internet de docentes. En concreto se trata de un documento de 28 páginas que incluye los nombres y el DNI de los aspirantes a plazas de Historia en las oposiciones a enseñanza secundaria que se celebrará en junio. Este periódico recibió la denuncia por parte de docentes que se encontraron esta mañana, en foros de internet, con la documentación, que debería ser confidencial hasta que se produzca la resolución oficial de la Consejería.
Los denunciantes aseguraban que “no es la primera vez que sucede” un caso así y expresaron las dudas ante este hecho: “Hoy ha sido una lista de aspirantes, pero ¿quién dice que no se filtran exámenes u otra información relevante”.
A este respecto, la consejería de Educación ha corroborado que “no ha habido ni robo ni hackeo en la seguridad de los archivos digitales del Principado de Asturias, ni de la consejería de Educación”. Eso sí, la Consejería “ha tenido conocimiento del uso indebido del archivo”, por lo que trasladará el incidente a la Agencia Española de Protección de Datos.
Expediente de investigación interno
El asunto es grave: “Educación va a abrir un expediente de investigación interno para depurar responsabilidades”, indicaron fuentes del Principado, y no descarta elevar una denuncia judicial de detectarse acciones delictivas. El incidente se ha comunicado “a los presidentes de los tribunales, que tienen en su poder esos mismos datos”. Asimismo, “se les ha recordado que son responsables de su custodia”.
Los denunciantes del caso aseguraron que “el documento filtrado solo puede provenir de dos vías: bien de los presidentes de los tribunales, que son designados por la Consejería, o bien por parte de personal de la administración autonómica”.
