La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó ayer la sanción de 7 meses y un día a la magistrada Pilar de Lara, instructora del “caso Pokémon” y muy vinculada a Gijón. De Lara tiene intención de plantear un recurso ante el Constitucional, e incluso el Tribunal de Derechos Humanos. La sala no considera desproporcionada la sanción, justificada por “una forma desordenada y poco rigurosa de gestión de los asuntos”. Ahora ejerce en Ponferrada.
