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“Si no acatan la ley, el Estado no puede ni debe ceder”, cree Buznego

Punset: “El Supremo no puede interferir en un acto político, pero el Gobierno tiene que justificar el indulto, no puede ser arbitrario”

Los presos del 'procés', en la cárcel de Lledoners.

Los presos del 'procés', en la cárcel de Lledoners. EP

El más que posible indulto a los condenados del Procés está comenzando a levantar ampollas incluso en el seno del PSOE, donde comienza a vislumbrarse el riesgo de la apuesta del presidente Pedro Sánchez. “La concesión de estos indultos tiene cierto peligro político, van a provocar una reacción muy contraria que puede desembocar en una tensión cercana a la violencia. Y es que puede servir de excusa para saltarse la ley, como hemos visto en Ceuta por parte de determinado partido”, advierte Óscar Rodríguez Buznego, profesor de Ciencia Política. Y añade que “el presidente del Gobierno no está actuando con la prudencia que debiera”. Algo que puede tener consecuencias, como avisan los presidentes de Castilla- La Mancha y Extremadura.

El politólogo prefiere no entrar a valorar el asunto desde el punto de vista jurídico. “Sin entrar a valorar si la sentencia fue justa o excesiva para la naturaleza del delito, hay una cuestión de fondo a la que tiendo a concederle cada vez mayor importancia. Los líderes independentistas han sido condenados y su respuesta es decir que volverán a intentarlo y que incurrirán en el mismo delito, que afecta a la integridad del Estado. La principal razón por la que el Gobierno no debería conceder el indulto es por proteger el Estado. El Estado no puede abusar, pero tampoco puede ni debe ceder, y el indulto es claramente una cesión. Si los líderes independentistas acatan la Constitución y las leyes, en ese caso se podría considerar el indulto”.

Para Buznego, los argumentos de Sánchez son “falaces”: “La concordia no la están exhibiendo quienes han cometido el delito. Y no puede calificarse de revancha al cumplimiento de la ley. Cuando Sánchez dijo que los condenados cumplirían íntegramente la ley, no consideró que se tratase de una venganza. Es retorcido”.

Por su parte, el catedrático emérito de Derecho Constitucional Ramón Punset considera que, aun admitiendo la precisión del extenso informe del Tribunal Supremo contrario a los indultos, “este órgano no puede interferir en un acto político del Gobierno, aunque éste tiene la obligación de justificar su decisión”.

Presno: “El Supremo solo puede controlar si se ha cumplido el procedimiento”

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Los indultos corresponden, añade Punset, a la esfera de la dirección política del país, que recae en el Gobierno, “no tienen una naturaleza jurisdiccional, se trata de un ejercicio de alta política”. Tendrán que pasar no obstante el filtro de la sala tercera del Supremo, la contenciosa, que ha anulado algunos, pero en realidad “es un acto político en el que el Supremo no tiene nada que decir”.

El catedrático emérito resalta que los indultos solo puede aplicarse en caso de sentencia firme, “lo que excluye por tanto a Puigdemont y los demás que están fuera del país”, y “no pueden ser generales, sino individuales”. Al contar con el informe negativo del Supremo, tienen necesariamente que ser “parciales”. Punset resalta que la concesión de los indultos es “lícita, aunque tendrá consecuencias”.

Busca claramente el apoyo de los partidos nacionalistas y en la decisión ha pesado sobre todo “el PSC, uno de los defensores más ardientes del indulto, porque no quiere pasar por ‘verdugo’ o ‘cómplice de los centralistas’ de Madrid”. El objetivo es “una distensión en la difícil convivencia de Cataluña”. El Gobierno “quizá cuente con indicios que apunten a que la situación no va a terminar como la otra vez. A ver si le sale bien la jugada, aunque todo indica que los independentistas no van a mudar de manera de ser”, cree Punset. Eso sí, “el Gobierno da por descontado el follón, aunque quizá no se monte tanto”.

El profesor de Derecho Constitucional Miguel Ángel Presno discrepa respecto a que el gobierno tenga que justificar su decisión, “explicar los motivos, algo que echo en falta”. “La sala de lo contencioso del Supremo, que ha anulado algunos, solo puede controlar si se ha cumplido el procedimiento”, añade Presno. Y es que “el indulto es una decisión política con una determinada finalidad”.

Para el profesor, “lo interesante sería que se abriese un debate para establecer cómo debería ser la ley del indulto, cómo y a quién puede concederse, tratar de reglamentarlo al máximo”. Se trata por otro lado de una figura extendida por todos los países. “El presidente de Estados Unidos, justo antes de cesar, firma los decretos de indulto”, asegura.

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