El nuevo reglamento de caza empieza con mal pie. La totalidad de las sociedades que forman parte del Consejo de Caza han decidido no acudir a la reunión virtual de este órgano consultivo convocada para esta mañana para presentar el borrador del nuevo reglamento de caza. El motivo del plante no es solo que el borrador no recoja sus peticiones para salvar al sector, sino que el texto haya salido a información pública antes incluso del Consejo, lo que se interpreta como un desprecio y una falta de respeto. Fadovisa, que reúne a 40 sociedades de caza, criticó la premura de la convocatoria, pero sobre todo que no se haya facilitado más que un adelanto del borrador, que “no recoge soluciones a los grandes problemas que se plantearon a la Administración”.
“No se ha tenido en cuenta las alegaciones en materia económica. Mientras se abona anualmente un canon de 900.000 euros a los ayuntamientos que soportan las reservas de caza, no se incluye la eliminación del canon cinegético que pagan las sociedades, sino lo contrario: se les actualiza, lesionando aún más la maltrecha economía de los cotos a pesar de que gestionan el 70 por ciento del territorio cinegético de Asturias y ahorran millones a las arcas autonómicas”, añade Fadovisa.
Además, “no se considera la posibilidad de financiar el personal de guardería, poniendo en riesgo un centenar de empleos, a pesar que este personal realiza una vigilancia integral del medio ambiente, ahorrando personal al erario público”.
Los cazadores insisten en que no se toman en cuenta las propuestas de mínimos para la supervivencia de la caza y evitar “que se convierta en algo que solo gente con poder económico alto pueda disfrutar”. Creen que el borrador se ha elaborado de forma atropellada y condena a que no pueda cazarse, “como mínimo, hasta bien entrado el otoño, y eso si la normativa que se implante hace viable que las sociedades de cazadores puedan gestionar de manera eficiente y salvaguardar los puestos de trabajo”.
Y amenazan con renunciar a gestionar los cotos de caza y dejarlos al Principado. “Este problema rebotará en agricultores y ganaderos, ya que se hará imposible controlar la población de jabalí –se cazaron más de 8.000 en el último año–, “lo que provocará un incremento de los daños y de potenciales enfermedades”.