En el Principado “no existen élites funcionariales, hay trabajadores más o menos cualificados”. Con esa premisa de partida, respuesta a algunas de las críticas que ha despertado el anteproyecto de ley de Empleo Público, el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, justifica la institución de un complemento salarial y su exclusividad para los más altos funcionarios de la plantilla –los licenciados y diplomados de los grupos A1 y A2– en su constancia de que “las personas más cualificadas de la función publica están claramente desfasadas en términos de retribución con respecto a los profesionales homólogos del sector privado”. El proyecto legislativo, y su tentativa de “recualificar puestos de trabajo, no personas” a través del salario, nace “sujeto a negociación”, pero viene a tratar de paliar los “muchísimos problemas que estamos teniendo para encontrar profesionales que desempeñen funciones especialmente cualificadas” en las que la Administración no encuentra “los profesionales adecuados en determinados grupos que son de especial interés para la gestión ordinaria de las cosas”.

Cofiño expuso esta mañana los pormenores del proyecto en una reunión con los alcaldes representados en la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y defendió también de las críticas la novedosa figura de los subdirectores generales, que se elegirían por libre designación y se pretenden enclavados en los organigramas entre el director general (cargo político) y el jefe de servicio (funcionario). A las acusaciones de quienes interpretan la inserción de un instrumento más de “control político” en la Administración opone el Vicepresidente que la entrada de estos nuevos cargos se plantea “de forma muy restringida” y en modo alguno generalizable, que estará condicionada a “aquellos ámbitos de gestión complejos en los que (el subdirector) tenga bajo su mando al menos cuatro jefaturas de servicio que tengan además una materia común” y que serán elegidos entre funcionarios del grupo A, por lo que “la libre designación es restringidísima”.

También en cuanto a los jefes de servicio, precisa Cofiño, donde vaticina que los nombramientos “a dedo” serán “pocos y justificados”. Percibe el Vicepresidente en determinados foros, “muy pocos”, una asociación de este sistema de provisión de puestos a “una mala fama de la que no encuentro las razones últimas”, remata. La intención del Gobierno sigue siendo ampliar las presentaciones informales del texto legislativo a determinadas instituciones –han pasado las organizaciones sindicales, esta mañana los ayuntamientos– para iniciar la negociación formal con sindicatos y grupos políticos a partir del 1 de septiembre y que llegue a la Junta en torno a finales de año. El anteproyecto estará a información pública a partir del próximo lunes.