El Principado dio de paso ayer el decreto que desarrolla la recién aprobada ley de eutanasia instituyendo la Comisión de Garantía y Evaluación, que verificará el respeto a los procedimientos contenidos en la ley, y el registro de sanitarios que se declaran objetores de conciencia. La comisión tendrá un mínimo de siete miembros, incluyendo necesariamente personal de medicina y enfermería además de juristas y psicólogos. El registro, según informa el Gobierno, acumulará los de cada área sanitaria “siempre bajo el requisito de estricta confidencialidad”.
