La obligación de volver a subir y bajar La Espina por las revueltas y las rampas de vieja carretera nacional, reestrenada ayer en Salas por los defectos de un puente que se cae, es por sus circunstancias “sorprendente”. La delegada del Gobierno en Asturias espera una explicación de los técnicos que han empezado a trabajar en el puente de La Barrosa, en Salas, pero de entrada esta súbita necesidad de demoler un puente del nuevo tramo Salas-La Espina, que apenas lleva doce años en servicio, le resulta en algún sentido chocante. Delia Losa ha mantenido esta mañana sin plazo de finalización el desvío del tráfico. Los responsables de la obra, ha dicho, apuntan imprecisamente a “unos meses” cuyo número “no se atreven a especificar”, pero el caso “sorprende”. “Esperamos tener una respuesta clara” sobre las circunstancias, apunta, “porque es bastante sorprendente que una obra de esa envergadura en doce años pueda sufrir una situación como ésta”. Precisa que “en una orografía como la nuestra” entra dentro de lo posible que “las obras públicas puedan dar algunas sorpresas”, pero estas deficiencias detectadas en el paso elevado sobre la carretera autonómica AS-370, que devuelven sine die la comunicación entre Salas y Tineo a la vieja subida de La Espina, merecen una explicación que Losa no aventura por el momento.
“Son unas placas que se están moviendo” en los apoyos del puente y “los técnicos tendrán que mirar, cuando levanten eso, lo que ha pasado dentro, cuáles son los sistemas se habían utilizado para sujetar esa ladera y que han fallado”. Mientras tanto, la Delegada comprende y está “de acuerdo con el malestar de los vecinos” y los usuarios que vuelven a sufrir un bloqueo de tráfico en la misma carretera que estuvo hasta hace unas semanas tres meses cortada por el argayo que cayó sobre ella en Casazorrina. Aprovecha, eso sí, para recordar que allí los plazos se acortaron, que "la previsión era de cuatro meses y al final quedó en tres, y no por la presión de la ciudadanía, que está bien que se haga para que nadie baje la guardia", apunta, "sino porque las obras" pudieron progresar sin impedimentos de la climatología y porque la construcción de los prefabricados necesarios para habilitar el paso alternativo "se adelantó" en la empresa encargada.
Al día siguiente de abrir el "bypass", el 16 de julio, la misma carretera, a sólo unos kilómetros de distancia del "argayón" quedó cerrada para camiones por las deficiencias detectadas en el puente de La Barrosa. Este martes, el corte pasó a ser total. Era “una necesidad absoluta”, afirma Losa. “Había un peligro claro de que el puente pudiera caer”. La consecuencia de esas "casualidades" determina el segundo retorno del tráfico a la vieja nacional de La Espina desde que se abrió la primera calzada de la autovía entre la capital salense y el alto del puerto, en 2012. Sólo cuatro años después de la entrada en servicio del tramo, en 2016, un argayo obligó a cortar la nueva calzada y la circulación volvió durante ocho meses a las curvas del trazado antiguo. Despejar la calzada obligó entonces a gastar 4,3 millones de euros.
La delegada del Gobierno se ha detenido en el corte de la N-634 durante el repaso que ha dado esta mañana a la acción del Gobierno de España en Asturias durante el primer semestre de este año. En la presentación del informe “de rendición de cuentas” “Cumpliendo”, Delia Losa quiso “desmentir el mensaje de quienes están instalados en el pesimismo y el negacionismo” y concluyó que “Asturias sí cuenta para el Gobierno de España”. Desgranó inversiones, de los 19.956 asturianos de media que se beneficiaron cada mes de la prórroga de los ERTE a los 112,3 millones en avales de la línea ICO a empresas y autónomos y de los 17.667 perceptores del ingreso mínimo vital a las 1,1 millones de dosis de vacunas contra el covid, y llegó a la conclusión, mirando hacia el futuro, de que “los datos avalan el optimismo”. Es la versión regionalizada del informe a nivel nacional que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado 29 de julio y según el cual en todo el país el Gobierno ha asumido 1.463 compromisos de los que ya ha cumplido casi un tercio, un 32,8 por ciento, y tiene "activado" el 94 por ciento.
En el capítulo de infraestructuras, habló de los 14,4 millones de euros invertidos este semestre en la fase final de las obras de la Variante de Pajares y mantuvo la previsión de finalización de las obras “a finales de 2021”, aunque respecto a la apertura –después de las preceptivas pruebas de carga– no excluyó que del segundo semestre de 2022 puedan pasar “como máximo, al primero de 2023”.
Sobre el peaje del Huerna, objeto de un rebrote de las demandas de supresión, Losa invita a ver como una buena noticia que “el Gobierno esté mostrando sensibilidad ante las autovías que quedan con peajes”, y pone como ejemplo la reciente aplicación del mayor descuento de la historia en la tarifa de paso por la Autopista del Atlántico, en Galicia, interpretado desde algún sector en Asturias como un agravio. La Delegada considera asimismo las reducciones del peaje que “en determinadas circunstancias” tiene la autopista del Huerna y añade que “en algún momento tenemos que abordar el coste de mantenimiento que generan las grandes infraestructuras, pero eso no quita para que el Gobierno, en esta línea de sensibilidad que está demostrando, pueda tomar alguna medida”. Aclara, eso sí, que no tiene “ninguna confirmación” definitiva a este respecto.
La “falta de personal” en el Instituto Nacional de la Seguridad Social influye, por otro lado y junto a otros factores, en el retraso que están sufriendo los ajustes entre el ingreso mínimo vital, de titularidad estatal, y el salario social básico que acaban demorando la llegada del subsidio a sus destinatarias. La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, admite que las necesidades de plantilla –“la Administración en general necesita reponer personal” por las jubilaciones– forma parte de un cóctel de factores en el que también entran en juego las peculiaridades de la gestión del ingreso mínimo vital, con “componentes de valoración diferentes a las prestaciones que gestiona la Seguridad Social”, y la necesidad de “un ajuste con los subsidios que gestionan las comunidades autónomas”. Todo eso junto “puede ralentizar, y lo hace, la resolución de los expedientes”, admite la Delegada.
