El conflicto que rodea al lobo sigue anclado en los tribunales de justicia, a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica apruebe el próximo día 25 el nuevo estatus para la especie, que la protegerá en toda España, y no solo al sur del río Duero, como hasta ahora. El último recurso contencioso administrativo ha sido presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), contra el Programa Anual de actuaciones de Control del Lobo 2021-22, que el Gobierno del Principado aprobó el pasado 1 de julio, que permite abatir hasta 32 lobos en el próximo año y medio. Es el décimo contencioso presentado por Ascel contra lo que considera “matanzas ilegales” de lobos. Ha interpuesto recursos en Asturias, Cantabria, Galicia y Madrid.
Ascel considera que el programa de controles de lobos asturiano contraviene la legislación vigente y choca frontalmente contra la decisión ministerial de proteger todas las poblaciones de lobo españolas, incluyéndolo a todas las poblaciones españolas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Una medida que la ministra Teresa Ribera anunció para el día 25 de este mes y que supondrá la prohibición de la caza del lobo en toda España.
Entre los recursos que siguen abiertos figura el de Ascel contra el anterior Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo de Asturias, para 2020-21. En aquel periodo fueron abatidos 31 ejemplares de lobo ibérico, del máximo de 42 que contemplaba el programa. Este colectivo ha conseguido tumbar todos los planes del lobo aprobados hasta ahora por la Junta de Castilla y León. En Asturias, por el contrario, ha cosechado varias derrotas en los tribunales, al aplicar estos criterios distintos a los de la región vecina.
La aprobación del programa de controles 2021-22 supone que el Principado da continuidad al actual marco de gestión de esta especie, al margen del proceso de renovación de la estrategia nacional y la inclusión todas las poblaciones españolas de lobos en el Lespre. El nuevo plan, criticado por las organizaciones ecologistas, señala la existencia de 38 manadas seguras y seis más probables en Asturias. Indica que los lobos atacaron el pasado año a 2.922 reses, la cifra más baja desde el año 2008, con lo que continúa la tendencia descendente que se registra desde 2014. Estos ataques condujeron al pago de más de 834.000 euros en indemnizaciones, 2.000 euros menos que un año antes, y la menor cantidad de los últimos doce años.