La reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias tiene un precedente fallido, la negociación que se desarrolló entre 2007 y 2008 y que se fue al traste después de que el PP exigiera regular la capitalidad de Oviedo en un proceso que había aparcado la cooficialidad del asturiano pese a las exigencias de IU.
Arrancaba la legislatura del tercer mandato de Vicente Álvarez Areces y Fernando Lastra asumió el timón socialista en la negociación con el PP de Ovidio Sánchez e Izquierda Unida, ya que el arco parlamentario se reducía, por entonces, a esas tres fuerzas políticas. Para que fraguarse la reforma resultaba imprescindible el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, el PSOE que contaba con 21 escaños y el PP, que tenía 20 diputados en la Junta. La posición de IU, con solo cuatro escaños, era intrascendente a efectos de lograr una mayoría cualificada. Aunque la negociación arrancó con buenas expectativas, la posibilidad de acuerdo saltó en añicos cuando los populares, con la presión del entonces alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo de por medio, exigieron amarrar el estatuto capitalidad de Oviedo. El tira y afloja sobre esta cuestión principalmente acabó desembocando en la ruptura de la negociación para alivio de IU, disconforme con que la única alusión al asturiano quedase en su reconocimiento como “patrimonio lingüístico y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento” pero sin cooficialidad alguna.
