El Gobierno del Principado ha suspendido temporalmente los controles de población de lobo en la región ante el nuevo estatus de protección de la especie, ordenado por el Ministerio para la Transición Ecológica el pasado día 20 con la inclusión de todas las poblaciones españolas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre). El Ejecutivo de Adrián Barbón, a través de una nota de régimen interior a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, anula así hasta nuevo aviso la resolución de la Consejería de Medio Rural del pasado 1 de julio que permitía abatir hasta 32 lobos en el próximo año y medio.
La decisión del Principado se debe a la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE) del pasado lunes de la orden ministerial por la que el lobo pasa a estar protegido en toda España, y no solo al sur del río Duero como hasta entonces. “Si bien las actuaciones de control poblacional cesarán desde el día de hoy hasta nueva orden, el resto de actuaciones contempladas en el segundo plan de gestión del lobo en el Principado de Asturias que son asumidas por los agentes de Medio Natural serán llevadas a cabo en los mismos términos que hasta la fecha, teniendo en cuenta en todo caso el nuevo estatus de protección de la especie”, recoge la nota interna del Gobierno asturiano, fechada el miércoles 22, firmada por el director general de Medio Natural y Planificación rural, David Villar, y dirigida a la jefatura de servicio de la Guardería de Medio Natural.
La protección del lobo en toda España, además de prohibir la caza de la especie, obliga a eliminar los controles de población indiscriminados que organizaba cada año el Principado. Esto supone en la práctica el fin de la política que el Gobierno asturiano ha aplicado en torno a esta especie, pues el primer plan de gestión del lobo se aprobó en 2002. A partir de ahora solo se podrán eliminar aquellos lobos que estén causando daños “recurrentes o significativos” y con severas condiciones: que no exista otra solución satisfactoria; esto es, cuando se hayan aplicado adecuadamente medidas preventivas o de protección del ganado, y estas hayan resultado ineficaces; que se justifique que la medida de extracción y captura de ejemplares no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie, y que se justifique la existencia de perjuicios importantes para el ganado, tal y como recoge la orden ministerial.
La decisión del departamento que capitanea Teresa Ribera tumba de este modo el plan de actuaciones de control del lobo para el periodo 2021-2022 en Asturias, aprobado el 1 de julio pasado, que contemplaba la eliminación en los próximos 18 meses de hasta 32 ejemplares: 10 en el Oriente, 6 en la zona central de la región y 16 en el Occidente.
También la Junta de Castilla y León ha decidido suspender todas las autorizaciones de caza de lobos, por “precaución”, ante la “inseguridad jurídica” generada por la modificación del estatus de la especie,” al no regular adecuadamente una situación transitoria”.
Los gobiernos de Asturias, Cantabria y Castilla y León consideran que la orden ministerial invade sus competencias en materia de gestión de la fauna silvestre y han anunciado que la próxima semana la recurrirán en el Juzgado y pedirán la suspensión cautelar de su aplicación.
Clamor de los ganaderos contra los daños de la fauna salvaje: “El panorama es desastroso”
Los profesionales del campo denuncian que perciben cantidades “irrisorias”, con retraso y con baremos sin actualizar desde 2007
B. GARCÍA / M. VILLORIA
Bajo una sensación de desazón, ayer varias decenas de ganaderos, cazadores y propietarios de fincas se reunieron en la Casa de Cultura de San Martín (Teverga) para denunciar el aumento de la fauna salvaje sobre el ganado. Asistió la alcaldesa, María Amor Álvarez, que prometió a trasladar las demandas al Principado. Según los asistentes, también el oso está generando problemas en la zona, y los nuevos guardas que han llegado recientemente a la zona no interpretan de manera adecuada los daños.
El retraso a la hora de cobrar las indemnizaciones es uno de los principales puntos de conflicto, ya que en algunas ocasiones el dinero tarda en llegar más de un año, al margen de que se perciben cantidades “irrisorias” o directamente se deniega la solicitud. También protestan por unos baremos de pago por daños que no se han actualizado desde 2007 y por la excesiva burocracia. La tardanza a la hora de revisar los daños fue otra de las quejas, pues si pasan varios días desde el ataque, la actuación de las aves carroñeras impide la correcta identificación de lo ocurrido, lo que dificulta que se apruebe la indemnización.
Los cazadores, por su lado, criticaron al Principado por las restricciones de caza los fines de semana y porque no gozan de buenos lotes en las salidas. La sensación general en ambos sectores es de “desesperanza y desaliento”, sobre todo por el cambio en el estatus del lobo, que ven con “ gran preocupación”. El panorama es “desastroso”, lamentan.
Asturias Ganadera, mientras tanto, considera un “atropello” la protección del lobo y muestra su oposición “frontal” a la decisión del Gobierno, que tilda de “dictatorial, irresponsable y de dudosa legalidad”, a la vez que advierte que traerá “consecuencias negativas” tanto en el sector de la ganadería extensiva como en el medio ambiente, y “no es tampoco una buena noticia para el lobo”, añade.
