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Asturias eleva el pulso al plan de Ribera del lobo, lo recurre y pide su suspensión

El Principado trata de frenar la protección a la especie, en vísperas de coordinar la estrategia con Galicia, Castilla y León y Cantabria

Un ejemplar de lobo ibérico. Agencias

El Consejo de Gobierno acordó ayer, en una reunión extraordinaria celebrada por vía telemática, interponer un recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial que determina la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). El Principado también solicitará el establecimiento de medidas cautelares con el fin de suspender la eficacia de la norma en tanto se resuelve este procedimiento. La presentación del recurso es una decisión coherente con el rechazo del Ejecutivo a una medida que dificultará la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva en la comunidad.

La publicación en el BOE, el pasado martes, de la disposición del departamento que dirige la ministra Teresa Ribera generó, indica el Principado, “una situación de inseguridad jurídica en el modelo de gestión de esta especie en Asturias, puesto que la catalogación del cánido afecta al II Plan de Gestión del Lobo, actualmente en vigor”. Este hecho ha obligado a paralizar por el momento los controles de población. El Gobierno autonómico defiende el actual sistema de gestión de la especie, incluida la extracción de ejemplares, y reclama que se pueda realizar con total seguridad jurídica.

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, se reunirá hoy en Cantabria con representantes de los ejecutivos de Galicia, Cantabria y Castilla y León, y miembros de las organizaciones de productores agrarios con representación nacional, con el fin de coordinar actuaciones contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las cuatro comunidades, que concentran más del 90 por ciento de la población de lobos del país, coinciden en su rechazo a la inclusión de esta especie en el lista de Protección Especial.

La disposición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico motivó la dimisión de Nino Rodríguez como director general de Ganadería y Sanidad Animal, ya sustituido por Rocío Huerta.

El consejero Alejandro Calvo indicó que “en cuanto tengan clara la seguridad jurídica” el Principado seguirá ejecutando su plan de gestión. Calvo añadió que “hay mucha demagogia al respecto” del control y ejecuciones de ejemplares y remarcó que el Plan del Lobo asturiano establece un “cupo máximo pero cada una de las extracciones se analiza y se autoriza de manera individual”. Añadió que estaban autorizadas algo más de 30 extracciones, pero esa es a juicio del consejero una cuestión “secundaria” ya que lo que debe importar es que esa medida debe servir para que la situación de daño reiterado no se produzca, según declaró a “Europa Press”.

No es la única acción judicial en torno al Plan de Gestión del lobo. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) solicitó la suspensión cautelar del programa anual de actuaciones de control del lobo en Asturias 2021-2022, aprobado el 1 de julio por el Gobierno del Principado, que permitía abatir hasta 32 lobos en el próximo año y medio. La iniciativa, presentada en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, persigue evitar que se maten más ejemplares.

Además, la exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Isabel García Tejerina criticó este lunes la “falta de rigor técnico y científico” del Gobierno de Pedro Sánchez al prohibir la caza del lobo y le acusó de “utilizar” el medio ambiente para “imponer” su ideología.

Conflicto


Ministerio. El Ministerio de Transición Ecológica incluyó el lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

Ascel. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico recurrió ante el TSJA el Plan de Gestión del Lobo que permitía abatir 32 lobos en año y medio.

Principado. Un Consejo de Gobierno extraordinario acordó recurrir la decisión del ministerio y el establecimiento de medidas cautelares para suspender la eficacia de la norma.

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