La “guerra” contra el Gobierno central por blindar al lobo va a más en el noroeste peninsular. Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León, las cuatro comunidades autónomas que albergan “al 98% de la población de la especie”, acordaron hoy abandonar el grupo de trabajo creado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y formar una alianza alternativa con el fin de elaborar su propia estrategia. “Lo que queremos es buscar equilibrios y decisiones basadas en los mejores datos. El lobo en el noroeste español se encuentra en un estado de conservación favorable”, destacó el director general de Medio Natural y Planificación Rural del Principado, David Villar, que participó esta mañana en León en una reunión con sus homólogos de las regiones vecinas.
El encuentro sirvió para constituir de forma oficial este grupo de trabajo alternativo, tras incluir el pasado mes de septiembre el Gobierno de Pedro Sánchez al lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre), prohibiendo así la extracción de cualquier ejemplar. La nueva normativa ha obligado al Ejecutivo de Adrián Barbón a anular hasta nuevo aviso el programa de gestión autonómica, que permitía abatir hasta 32 cánidos en el próximo año y medio. En consecuencia, Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León han presentado ante la Audiencia Nacional un recurso administrativo contra la orden minesterial de Teresa Ribera.
La salida de las cuatro comunidades de la mesa de trabajo nacional se debe, según defendió hoy el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, a las “irregularidades detectadas”. “Se nos ha ignorado y ninguneado cuando gestionamos el 98% de las poblaciones de lobos”, criticó. En la misma línea se pronunció el director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria, Antonio Javier Lucio, quien aseguró que “cuatro comunidades autónomas de diferentes colores políticos estén de acuerdo en que una orden ministerial no se ajusta a la realidad pone en evidencia un fracaso absoluto del Ministerio”. De hecho, el Principado, del mismo signo político que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), no ha dudado en abanderar esta lucha que tiene en pie de guerra a los ganaderos. “El Ministerio ha impuesto la elaboración de una estrategia para justificar un cambio en el estatus legal de la especie con una hoja de ruta inflexible que ha despreciado la experiencia y competencia en la gestión de Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias”, señaló la representante de la Xunta, Belén do Campo.
Con grupo de trabajo recién formado, el noroeste busca, en palabras de Arranz, “sacar adelante una estrategia que permita gestionar de una forma coherente las poblaciones del lobo ibérico”. “Lo que queremos es buscar equilibrios y decisiones basadas en los mejores datos. Por eso, creo que es una buena noticia que nos juntemos para seguir trabajando como hasta ahora, como hacemos con otras especies. Constituimos este grupo de trabajo basado en el trabajo serio y riguroso, y contamos con el apoyo de científicos”, profundizó el director general asturiano, David Villar.
Una de las principales misiones de la alianza será elaborar un censo actualizado de la especie para saber “con qué población se cuenta” y, a partir de él, poner unos “cimientos sólidos” sobre los que edificar una estrategia que posibilite la coexistencia del lobo y la ganadería extensiva. En este punto el responsable de Cantabria, Antonio Javier Lucio, reiteró que la especie “no tiene ningún problema de conservación”, puesto que en los últimos años su población creció un 7% gracias a la gestión de las cuatro comunidades, y recordó que “nosotros gestionamos lobos, no los matamos”. “El control de la especie forma parte de esa gestión”, reiteró.
