La Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 20 de septiembre de 2021, sobre el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, referido al lobo.
Además, la Audiencia Nacional también reclama al Ministerio el envío de todo el expediente administrativo de elaboración de la citada Orden, lo que permitirá a los Servicios Jurídicos autonómicos, una vez se entregue, formalizar su demanda.
A su vez, con la decisión, se inicia la tramitación de la pieza de suspensión de la vigencia de la Orden de la ministra Teresa Ribera, medida cautelar solicitada por los Servicios Jurídicos de la Junta para dejar sin efecto la prohibición de cazar lobos al Norte del Duero mientras se tramita el recurso, y da traslado al Estado para sus alegaciones, antes de resolver al respecto. Como señaló ayer el director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, con esta impugnación, el Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco “trata de evitar que se perjudique la situación de los ganaderos”, que son la verdadera “víctima” de la decisión tomada por la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ante un régimen “excesivo” de sobreprotección del lobo en una Comunidad en la que, ha recordado, en 2020 se alcanzaron las 3.157 cabezas de ganado muertas por los ataques, lo que arroja una media de mas de ocho cada día del año.
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La Junta señala que la Orden perjudica al sector agrario de Castilla y León, una Comunidad eminentemente ganadera, que aporta un 51 por ciento del peso de la producción agraria en la Comunidad frente al 36 por ciento que supone en el resto de España, 15 puntos más.
El gobierno castellano y leonés sostiene que la decisión del Estado se tomó “sin ningún dialogo” con las comunidades especialmente afectadas –Galicia, Asturias, Cantabria, y la propia Castilla y León–, con gobiernos de diferentes signos políticos, y todas ellas se han manifestado en contra de la medida de sobreprotección.
Con la interposición de este recurso, el Gobierno autonómico explicó que “no se sitúa en contra del lobo, sino en contra de una Orden que se ha impuesto de forma unilateral y arbitraria por parte del Gobierno de la nación”, que “olvida” que cualquier medida en este ámbito debe garantizar un equilibrio estable entre la conservación del cánido y el mantenimiento de la actividad ganadera.
“No resulta, por tanto, admisible esta medida cuando las poblaciones de lobos en Castilla y León, lejos de estar en riesgo, han venido experimentado una evolución favorable en nuestra Comunidad”, agregó el Ejecutivo, que concretó que las medidas de gestión han permitido que se haya pasado en los últimos años de 125 manadas (en 1988) a 175 manadas (en 2013).