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La nueva ley de empleo público deja en el aire la promoción de mil funcionarios

El texto, que declara cuerpos a extinguir los de auxiliar y delineante, es objeto de la negociación final entre el Gobierno regional y los sindicatos

Edificio de las consejerías del Principado. | Miki López

La nueva ley de empleo público del Principado entra en su fase definitiva de negociación entre el Gobierno regional y los sindicatos con la promoción de más de un millar de funcionarios como asignatura pendiente. El nuevo texto incluye en la relación de escalas y puestos a extinguir a los auxiliares administrativos y a los delineantes, una medida que deja en el aire las posibilidades de promoción de ambos grupos.

El sindicato USIPA piensa plantear la situación de los auxiliares y delineantes en la reunión que mantendrá con el vicepresidente y consejero de Administración Pública, Juan Cofiño, para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la nueva ley, que el Gobierno quiere sacar adelante en el primer semestre de 2022.

La intención del vicepresidente Cofiño pasa por alcanzar un acuerdo lo más amplio posible con los sindicatos de la función pública autonómica en la Mesa general de negociación, antes de aprobar el proyecto legislativo en el Consejo de Gobierno.

La nueva ley autonómica de empleo público recoge entre los cuerpos a suprimir en el organigrama del Principado el de auxiliares, que cuenta en la actualidad con un millar de funcionarios. Esa decisión supone que se trata de un cuerpo a extinguir que, por lo tanto, pasa a ser inactivo. Es decir, no tendrá incorporaciones en futuras ofertas de empleo público porque se considera que no hace cubrir ese desempeño con funcionarios y quedará completamente extinguida cuando se jubile el millar de empleados públicos que cubren esos puestos actualmente.

José Luis González, coordinador de USIPA entiende que esa decisión tiene una consecuencia directa sobre la trayectoria profesional de este colectivo. “Cercena de manera muy importante la promoción laboral de un cuerpo que, además, es muy numeroso”, advierte.

“Clarificar”

El nuevo texto legislativo, que prepara la consejería de Juan Cofiño, prevé la posibilidad de que en el plazo de cinco año funcionarios del cuerpo de Auxiliares puedan acceder al menos al 50 por ciento de las vacantes que pueda haber en el cuerpo de Administrativas, pero González cree que esa medida puede quedarse corta: “Los auxiliares siempre solían promocionar al cuerpo de Administrativos, pero ahora, con esta extinción, para poder hacerlo deberán esperar a que haya bajas en forma de jubilaciones o similar. La promoción profesional de los auxiliares queda en el aire y por eso pensamos que el Gobierno regional debe clarificar esta cuestión en la futura ley”, argumentó el representante sindical.

Otro de los puestos que se extingue en la nueva ley de empleo público del Principado es el de delineante, que ha desaparecido del texto consolidado de manera sorpresiva ya que en pasadas conversaciones en la Mesa de negociación había sido incorporado al mismo a petición sindical y clasificado dentro del Grupo B. Tampoco en este caso queda suficientemente resuelta la fórmula de promoción interna de estos funcionarios, que son un colectivo mucho menor, en torno a una veintena de trabajadores públicos. En cambio, el cuerpo de subalternos, formado por 116 funcionarios, también se suprime pero se trata realmente de un cambio de denominación ya que pasan a formar parte del grupo C2, de servicios generales, en el que realizarán funciones de conducción de vehículos oficiales así como de mantenimiento y puesta a punto que no requieran instalaciones de taller o, como alternativa, labores de policía administrativa bajo la dirección de superiores jerárquicos, tal y como aparece en el borrador de la nueva norma.

Reforma de calado


  • Modernización de la Administración. El presidente del Principado, Adrián Barbón, encargó en junio del año pasado a su vicepresidente, Juan Cofiño, la misión de modernizar la Administración del Principado tras cuarenta años de funcionamiento.
  • Las fases. El primer paso de esta reforma consiste en una ley de medidas urgentes para agilizar la tramitación administrativa y que se aprobará este año. La nueva ley de empleo público será la siguiente fase. 

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