Una aportación del Estado de 2.581 millones de euros en 2022, de la que quedaría excluida Asturias, es la propuesta de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que preside el gijonés Ángel de la Fuente, para mejorar la equidad del reparto territorial de los recursos públicos mientras se reforma el sistema de financiación autonómica. Ese dinero (o el que se decidiese en su momento) se repartiría entre las cuatro comunidades más perjudicadas en el actual reparto: Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla-La Mancha. Asturias se quedaría exactamente igual que está, con una aportación de unos 2.884 millones de euros, que se corresponden con 2.662 euros por habitante ajustado, 120 euros por encima de la media. Reciben aún más Cantabria (3.001 euros), La Rioja (2.872), Extremadura (2.804) , Baleares (2.751) y Castilla y León (2.708).
De la Fuente, miembro del Instituto de Análisis Económico del CSIC, propone que esa aportación unilateral del Estado a las comunidades autónomas infrafinanciadas se realice a través de un fondo de nivelación, recalculándolo todos los años, hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación. De esos 2.581 millones de euros 1.344 serían para Andalucía, 750 para la Comunidad Valenciana, 289 para la Región de Murcia y 198 para Castilla-La Mancha. De esta forma, estas cuatro comunidades se quedarían justo en los 2.542 euros por habitante ajustado en los que se sitúa la media nacional actualmente. Se reduciría así la desigualdad en materia de financiación en torno a un 25%, según De la Fuente.
Improbable consenso
La población ajustada se calcula ponderando varios criterios: la población protegida equivalente (38%), población total (30%), población entre 0 y 16 años (20,5), población mayor de 65 años (8,5%), superficie (1,8%), dispersión (0,6%) e insularidad (0,6%).
El informe de Fedea, titulado “¿Qué hacer mientras llega la reforma del sistema de financiación autonómica?”, resalta que dada la ausencia de consenso entre las comunidades, parece “improbable” que pueda materializarse antes de la próxima legislatura. “Mientras tanto, sería deseable aprovechar el tiempo para ir avanzando en trabajos preparatorios de carácter técnico y, sobre todo, para ir introduciendo en el sistema algunos retoques que podrían implementarse sin necesidad de un gran acuerdo general, quizás mediante un pacto entre los dos mayores partidos”, señala De la Fuente.
Se trataría de avanzar en dos frentes. El primero, mejorar la equidad del reparto territorial de los recursos públicos mediante la citada aportación unilateral del Estado. El economista asturiano propone que este instrumento se ponga en marcha “de inmediato” y que el cien por ciento de sus recursos se desembolse “durante 2022 en forma de entregas a cuenta”. Su liquidación se haría en 2024, como parte de la del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2022. Ese fondo se mantendría hasta que se reforme el sistema.
El segundo frente sería “ir sentando las bases para avanzar hacia la plena responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas”. Reconoce que este segundo objetivo es “muy complicado”. En última instancia se trataría, apunta, de “endurecer al máximo la restricción presupuestaria de las comunidades, respetando su autonomía de gasto, a la vez que se las dota de la mayor capacidad posible para modular sus ingresos, individual o colectivamente, a través de impuestos autonómicos claramente perceptibles como tales por los ciudadanos”.
De esta manera, si las comunidades autónomas en su conjunto, o alguna de ellas en particular, necesitan más recursos para prestar servicios que consideran necesarios, podrían obtenerlos “asumiendo los costes políticos de subir impuestos en la cuantía necesaria y no mediante transferencias del Estado sin contrapartida alguna”. Según De la Fuente, esta es “la única manera” de asegurar que los gobiernos autonómicos “toman en consideración también los costes, y no sólo los beneficios, de sus decisiones de gasto, internalizando así el interés general de los ciudadanos”.
No obstante, el informe recoge que tras varias décadas de repetidos rescates y restricciones presupuestarias “decididamente blandas, estamos muy lejos de esta situación y es difícil que podamos llegar a ella de forma rápida, pero hay cosas que podemos hacer para ir avanzando en la dirección correcta”. Entre ellas señala “el diseño y la mejora de instrumentos responsables y solidarios que permitan a los gobiernos autonómicos modular con rapidez, al alza o a la baja, sus ingresos de una forma fácilmente visible para los ciudadanos, manteniendo a la vez una distribución razonablemente igualitaria de los recursos públicos entre territorios”.
Con este fin, Fedea considera “necesaria” una revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta y de la normativa sobre tributos cedidos”. Este marco haría posible incrementar los recursos autonómicos, si fuera necesario, de una forma “responsable y solidaria”, evitando “los problemas de incentivos que se derivarían de nuevas inyecciones sin contrapartida de recursos estatales”.
“Si queremos que el grueso del gasto de las administraciones regionales se financie con impuestos autonómicos fácilmente identificables como tales y no con transferencias del Estado, tenemos que dotar a las comunidades de herramientas tributarias potentes y restringir al máximo el recurso a nuevas aportaciones del Estado al sistema de finan citación autonómica”, apunta De la Fuente. Para evitar además que existan grandes diferencias de recursos entre autonomías, es necesario que algunas de estas herramientas tengan “un carácter colectivo y solidario; esto es, que la cuantía de las exacciones se determine entre todas las comunidades autónomas y que los recursos obtenidos por esta vía se distribuyan entre ellas de una forma razonablemente igualitaria”.
Población ajustada
Entre las tareas pendientes, el economista asturiano señala trabajos técnicos para la mejora del cálculo de la población ajustada: “Sería bueno actualizar el indicador de población protegida equivalente a efectos de gasto sanitario, explorar formas alternativas de medir la dispersión de la población en el territorio y valorar la introducción de algunas variables adicionales, como la orografía, la población flotante o los niveles de precios y de renta per capita”. Para ello considera necesario el desarrollo de un índice de niveles de precios por regiones y un “análisis cuidadoso de la relación entre el nivel de renta y la presión sobre los principales servicios públicos”.
Para adecuar los flujos redistributivos del sistema a la capacidad económica real de los distintos territorios y evitar que el sistema de financiación pueda distorsionar las decisiones fiscales de los gobiernos regionales, De la Fuente propone tener en cuenta la recaudación normativa; esto es, los ingresos tributarios teóricos, no sus ingresos reales. Así, aquellas regiones que decidan incrementar la presión fiscal sobre sus ciudadanos se quedarán con todos los ingresos adicionales obtenidos por esta vía, mientras que aquellas que decidan rebajar tipos soportarán íntegramente la correspondiente pérdida de ingresos sin compensación alguna a cargo del sistema en la forma de mayores transferencias o menores aportaciones a la redistribución territorial.
Explica asimismo cómo habría que calcular los ingresos normativos de los diferentes impuestos para, entre otros objetivos, desincentivar la competencia fiscal a la baja. De esta forma, una comunidad que consiga atraer contribuyentes de otros territorios mediante una rebaja de tipos tendría que incrementar su aportación al Fondo de Garantía por los rendimientos adicionales que generen los nuevos contribuyentes.
