La Iglesia española considera que 965 bienes que están a su nombre gracias a una ley que aprobó José María Aznar no son suyos. En total, entre los años 1998 y 2015, inmatriculó 20.014 inmuebles destinados al culto y otras 14.947 propiedades dedicadas a otros usos, como solares y viviendas. Ahora asume que esos 965, solo un 2,7%, no les pertenecen y que, si se incluyeron en la lista que elaboró el Ejecutivo, es por errores de registro.
En Asturias la inmatriculación llevada a cabo desde 1998 incluyó más de 500 bienes, -549 bienes en total- y según las primeras informaciones podría haber incluido 17 bienes entre los que estaría mal registrados. En el Principado ese registro incluye terrenos, iglesias, capillas, ermitas, cementerios o fincas. Destacan en el listado, que se puede consultar íntegramente en la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA, el convento de Las Clarisas, en Villaviciosa, o iglesias como la de San Lorenzo, en Gijón; la basílica de San Juan el Real y la iglesia de Santa María la Real de la Corte, en Oviedo, o San Nicolás, en Avilés. En Oviedo también aparece en el listado el antiguo seminario, hoy casa sacerdotal.
Puedes consultar aquí la lista completa de los bienes inmatriculados en Asturias
La cifra de las matriculaciones erróneas se ha conocido esta mañana después de una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, en el despacho de este último. Al acabar, ambas instituciones han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que la CEE ha hecho "un estudio exhaustivo" a través de "consultas" con las diócesis y ha concluido que 965 bienes "pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo".
El Gobierno pondrá ahora en conocimiento de las entidades locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), esta información para que puedan iniciar los procesos de regularización. La Conferencia Episcopal se compromete a "facilitar tales procesos".
La Iglesia aceleró el proceso de registrar legalmente a su nombre esas propiedades gracias a una modificación de la ley hipotecaria que aprobó Aznar en 1996 y que facilitaba el trámite sin ningún documento acreditativo más que la propia palabra.
Esa iniciativa partió de una proposición no de ley que el PSOE presentó en 2017, cuando estaba en la oposición. Salió adelante en el Congreso y se pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que hiciera un listado de las inmatriculaciones. No lo impulsó y fue Sánchez el que, en 2018, tras ganar la moción de censura a Rajoy, el que encargó a su entonces vicepresidenta Carmen Calvo que se pusiera manos a la obra. La lista de 34.961 bienes se dio a conocer a principios del año pasado y ahora ha acabado el trabajo de análisis por parte de la Iglesia.
