La declaración del asturiano como lengua oficial suma derechos, pero también conlleva deberes. Uno de los autores del polémico informe sobre “el marco de planificación y desarrollo de la normalización del uso de la lengua asturiana y el gallego-asturiano en el Principado”, el catedrático Miguel Presno Linera, se pronunció sobre el documento desvelado por LA NUEVA ESPAÑA. Las reflexiones del constitucionalista precedieron a una conferencia sobre el sistema electoral asturiano organizada por los alumnos de la facultad de Derecho. El autor, que recordó que entregó el encargo de la Consejería de Cultura en diciembre de 2020, se prodigó en su análisis y reconoció su voluntad de haber hecho público el contenido del estudio académico en su momento.
La decisión política de que el trabajo, que llevó a cabo junto a otros cuatro académicos, no llegase a ver la luz fue ajena al equipo redactor. “Yo estoy a favor de la transparencia, es un documento pagado con dinero público y es de todos”, señaló el catedrático de Derecho Constitucional. Sin embargo, el documento, durmió en un cajón de la Consejería de Cultura durante más de un año, lo que ha indignado a parte de la oposición, a la que se le habría negado la existencia de ningún tipo de informe que analizase el impacto económico de la posible oficialidad del asturiano.
El trabajo del equipo redactor, reiteró Presno, fue meramente académico y ajeno a la política. Por ello, reitera, el informe debería ser público y criticable por su metodología, pero no debería servir para que los representantes públicos “se lo arrojen a la cabeza” en la Junta.
Los académicos plantean un marco que, posteriormente, el Principado debería desarrollar legalmente. Presno Linera y sus compañeros plantean que la posible oficialidad del asturiano conllevará derechos para los ciudadanos y obligaciones para la administración. Uno de estos puntos, irrenunciables, sería la obligatoriedad del asturiano (al menos como asignatura en sí mismo) en la educación: “Si el asturiano fuese lengua oficial, su enseñanza debería ser obligatoria”.
Como cualquier informe académico, dice Presno, el estudio plantea unas propuestas hipotéticas. Uno de los puntos candentes del documento fueron los escenarios de impacto económico planteados. El académico puntualizó que esas cifras –que van desde los 18 millones a los 55 o los 172– son posibilidades que responderían a los diferentes caminos que podría tomar la administración para articular la cooficialidad de las lenguas asturianas. “No es lo mismo ofrecer solo una asignatura de asturiano que dos o tres”, evidenció el catedrático. Cada una de las opciones responden a las distintas hipótesis de “intensidad”, pero a un mismo modelo. Además, el especialista en Derecho Constitucional, puntualizó que esas cifras no corresponden a gasto directo de la administración, también incorporan una parte de inversión privada estimada.
El autor también ofreció las cifras exactas sobre el coste del propio informe. Facturado a través de la Fundación Universidad de Oviedo por un importe de 17.895,90 euros (IVA incluido), el informe tuvo un plazo de redacción ocho meses y sumó el trabajo de cinco académicos.
