A una pregunta por el “abuso de la temporalidad” en amplias zonas de la función pública asturiana, el vicepresidente del Principado respondió ayer negando la mayor. “No hay ni una sola sentencia favorable que dé pie a esa expresión, ni una que declare una situación abusiva en la Administración autonómica”. Juan Cofiño respondía al PP en la Junta y para sostener su negativa contó 172 demandas que los trabajadores interinos han presentado ante la jurisdicción contencioso-administrativa. De ellas, dijo, “se han sustanciado noventa, 88 han sido favorables a la Administración, una se ha desestimado y de otra se ha desistido. Quedan ochenta en trámite”. La pregunta era del diputado del PP Pablo González, que llevó al parlamento la situación de “los miles de interinos que tienen los plazos excedidos” en su vínculo temporal con el Principado y se vio obligado a precisar que el abuso no se da sólo en los que tienen el asunto judicializado.
De rebatir la categórica sentencia del Vicepresidente se encargaron también trabajadores públicos irritados tras escuchar a Cofiño. En varias resoluciones de 2021 y 2022, al menos cuatro entre diciembre y febrero, reveló ayer el Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies, el Tribunal Supremo declara que la situación de varios empleados públicos del Servicio de Salud del Principado “constituyó objetivamente un abuso del empleo público de duración determinada”. El colectivo emplaza por ello al Vicepresidente a que rectifique y a “cerciorarse bien de los datos”. “Si hubiera sido más prudente”, afirman, “no habría padecido un resbalón tan ostentoso”.
La pregunta que Cofiño respondió en la Junta era en realidad sobre el número de interinos asturianos que cumplen las condiciones establecidas en la ley nacional que exige la regularización, de aquí a 2024, de las plazas ocupadas por trabajadores temporales durante al menos cinco años. El Vicepresidente acercó a definitiva la cifra de 7.000 que aportó hace unos días su director general de Función Pública, sin perjuicio de que la Administración esté tratando de ajustarlo mediante el análisis “con detalle del sector público empresarial y fundacional”.
