Las falsedades en el amueblamiento de varios colegios públicos puede sentar de nuevo en el banquillo de los acusados a los principales condenados por el caso Marea, el mayor caso de corrupción en la administración del Principado de Asturias. La titular del juzgado número 4 de Oviedo ha dictado un auto en el que ve indicios de cuatro posibles delitos de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad continuada, que podrían dar lugar a penas de entre 10 y 21 años de prisión, por lo que propone transformar esas diligencias en un sumario. El auto no es firme ya que ha sido recurrido por una de las defensas, pero la Fiscalía apoya la decisión judicial y ha solicitado la desestimación del citado recurso.
El caso Marea puso al descubierto la existencia de una trama en la administración del Principado por la connivencia del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y de su “número dos”, María Jesús Otero, con los empresarios de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y de Almacenes Pumarín (APSA), Alfonso Sánchez, y en la que también estaba implicada la funcionaria Marta Renedo. Los cinco fueron los principales condenados, a penas que suman más de 40 años, en un macro juicio que se prolongó varios meses, pero en el que quedaron flecos porque justo cuando comenzaba la vista el Principado presentó un informe que elevaba a 9 millones de euros el fraude por las irregularidades en el suministro a 87 colegios públicos. El tribunal desestimó dicho informe, que el Gobierno de Javier Fernández encargó después de que la Fiscalía Superior advirtiera en diciembre de 2014 que los acusados podrían tener que indemnizar al Principado.
El contenido de aquel informe dio lugar a la apertura de unas diligencias que han seguido vivas en el juzgado número 4 de Oviedo, en las que se preguntó a los directores de esos colegios si habían recibido el mobiliario y material que figuraban en la documentación de Igrafo y Almacenes Pumarín, y también se comprobó si sus firmas eran la que aparecían en las facturas. El resultado de las pruebas practicadas, que arrojan que muchas de esas firmas fueron falsificadas o manipuladas, han llevado a la magistrada María Luisa Llaneza a concluir que los hechos relacionados con el amueblamiento de los colegios “pudieran ser constitutivos de los siguientes delitos: delitos continuados de cohecho, delito continuado de malversación de caudales públicos, delito continuado de prevaricación y delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil”. Estos cuatro tipos delictivos suman penas que podrían oscilar entre los 10 años y los 21 años de prisión y, además, de 9 a 15 años de inhabilitación; de ahí que la magistrada considere procedente “la conversión de las presentes diligencias previas en sumario o procedimiento ordinario”, debido a la gravedad de las penas. Este auto todavía no es firme, ya que fue recurrido por una de las defensas, pero la Fiscalía apoya la decisión de la magistrada titular del juzgado número 4 de Oviedo de convertir las diligencias en sumario porque esos delitos exceden del contenido a juzgar en un procedimiento abreviado.