Catorce meses han transcurrido desde que Rafael Cofiño, ex director general de Salud Pública, entregara el borrador inicial de Ley de Salud Pública de ámbito autonómico para su tramitación y posterior envío a la Junta para ser debatida y aprobada. A juicio del doctor Cofiño, impulsar esta norma en el marco de la presente legislatura “es obligatorio”. Su argumento suena muy taxativo: con la estructura actual “Asturias no resistiría una nueva pandemia” como la del covid-19. Sin embargo, a día de hoy, en los despachos de la Administración regional se ve casi imposible –salvo un cambio radical en el ritmo de tramitación– que la ley sea aprobada antes de la disolución de la Cámara, prevista para la primavera del año que viene, pues en mayo de 2023 habrá elecciones autonómicas.
Fue en abril de 2021 cuando Rafael Cofiño y un equipo de colaboradores concluyeron el borrador de su propuesta. En este intervalo temporal, el médico gijonés dejó su cargo de director general: fue sonada su dimisión, el 25 de diciembre (Navidad) del año pasado. No son pocas las voces conocedoras del caso que juzgan que este abrupto abandono, en un momento de la pandemia que el mismo doctor Cofiño definió como crucial (en plena sexta ola del coronavirus), tuvo bastante o mucho que ver con su percepción de que el proyecto legal avanzaba con cierta parsimonia, como si no fuese considerado prioritario por algunas autoridades de rango superior.
¿Cuál es el contenido del texto legal abanderado por Rafael Cofiño? Como elementos más novedosos (y complejos), plantea trasladar la Dirección General de Salud Pública desde la Consejería de Salud –donde reside actualmente– al Servicio de Salud (Sespa); y, además, establece cambiar el régimen jurídico de sus trabajadores, que pasarían de ser laborales a estatutarios (como la mayoría de los del Sespa). Entre otras ventajas, este cambio permitiría ofertarles mejores salarios, un paso que Cofiño ve imprescindible para impulsar “un relevo generacional con una capacitación profesional adecuada en Salud Pública”.
“Gravedad y urgencia”
Según ha podido saber este periódico, el texto legal se halla inmerso en una tramitación a fuego lento. De hecho, ningún paso se ha hecho público desde abril del año pasado. Lo más que cuentan los responsables sanitarios es que el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, y la sucesora de Cofiño al frente de la Dirección General de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez, “están trabajando en ello”. Otros van un poco más allá: “Han hecho algunas modificaciones y ahora tienen que trasladar el texto al Sespa, que también ha de dar el visto bueno”.
Cuando, en diciembre de 2020, el Gobierno del Principado anunció en su portal de participación la puesta en marcha de un anteproyecto de Ley de Salud Pública, el propio Ejecutivo justificaba así su iniciativa: “La situación actual de emergencia sanitaria a nivel mundial (…) ha puesto de manifiesto con más gravedad y urgencia la necesidad de una salud pública en todas las políticas sólida y fuerte que pueda prevenir y, en su caso, hacer frente con las mayores garantías a los riesgos existentes para la salud de la población”. Pese a la invocada “urgencia”, el texto continúa sin salir de los despachos gubernamentales.
Rafael Cofiño expuso algunos detalles de su propuesta en un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA el pasado 20 de mayo. Destacó cómo el servicio de Vigilancia Epidemiológica estaba compuesto, al inicio de la pandemia, por cuatro técnicas de Salud Pública y un jefe de servicio. Se impuso acometer un refuerzo tan urgente como voluminoso “con sistemas de vigilancia específica para educación, residencias o contactos estrechos (rastreadores civiles y militares)”. De esa manera, “de las cuatro personas se pasó a tener casi 350 personas destinadas a estas nuevas labores”. ¿Cómo se realizó esa maniobra? “Del total de personal de la Dirección General hubo momentos en la pandemia que el 90 por ciento era personal adscrito temporalmente desde el Sespa (96 por ciento para el área de Vigilancia Epidemiológica y seguimiento de contactos estrechos)”. Y proseguía el doctor Cofiño: “Actualmente, ese personal es de un 32 por ciento del total de personal base y algunas áreas –como Promoción de la Salud– cuentan con un 67 por ciento de personal del Sespa”. De ahí su apuesta por encuadrar la Dirección General de Salud Pública en el Sespa.
Condiciones económicas
De otra parte, como se ha indicado, Rafael Cofiño pone el acento en el plano retributivo de cara al necesario recambio generacional: “Las condiciones económicas de las plazas de Salud Pública en la Consejería son muy diferentes a las de plazas en el Sespa, y esto hace complicado que sean atractivas profesionalmente”.
En ese mismo artículo, el doctor Cofiño subrayaba que esta idea de reforzar las estructuras de Salud Pública surgió ya al “inicio de la legislatura [2019-2023] y antes del comienzo de la pandemia”. Y precisaba, como aval de calidad, que para la confección del texto legal “se contó con el apoyo técnico de la Sociedad Española de Salud Pública y de Administración Sanitaria y específicamente con Ildefonso Hernández (que fue director general de Salud Pública en el Ministerio y uno de los padres de la Ley estatal de Salud Pública vigente) y con Juan Luis Beltrán (uno de los juristas sanitarios más reconocidos de nuestro país)”. El resultado es, según el ex director de Salud Pública de Asturias, “un texto que posiblemente es de los más innovadores y completos en cuanto a regulación de Salud Pública se refiere en nuestro país”.
Queda por ver qué nivel de urgencia otorgará la Consejería de Salud en los próximos meses a la tramitación de esta herramienta legal.
