Asturias ha cerrado los dos ejercicios del covid con un superávit presupuestario que despunta entre los más abundantes del concierto autonómico, pero la pandemia viene a oscurecer las buenas noticias, porque el liderazgo asturiano solo es así de rotundo antes de evaluar el impacto que han tenido sobre las cuentas públicas las operaciones financieras extraordinarias derivadas de la crisis sanitaria. Sin contabilizar esos cargos no previstos, según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el Principado tira del vagón cabecero del superávit de 2020 y 2021 gracias a unos resultados positivos del 1,1 y del 0,9 por ciento del PIB, respectivamente, que en el primer año únicamente iguala La Rioja y en el segundo solo superan Navarra y Baleares.
Esa es la aportación asturiana a un saldo entre ingresos y gastos que en el conjunto de las autonomías se ha aproximado al equilibrio sobre todo en 2021 y que da forma, concluyen los autores de la investigación, a “los mejores resultados fiscales de la serie histórica”. También a una suerte de espejismo, se refrenan, porque esto es así en términos estrictos de Contabilidad Nacional, antes de que se incorporen a la ecuación la pandemia y su crisis asociada, sus ingresos y gastos extraordinarios y su poder para descuadrar los presupuestos y generar, afirman, “una falsa imagen de cuentas fiscales saneadas” en las arcas públicas.
El estudio efectúa un ajuste para medir, entre otras variables correctoras, el impacto en las cuentas públicas del gasto extraordinario del covid. Este análisis sitúa a Asturias a la cabeza de la repercusión presupuestaria de estas partidas, con una incidencia que se calcula en un 1,4 por ciento del PIB, que solamente supera Extremadura y que ajusta a la baja el cálculo inicial del superávit. En términos absolutos, los cálculos del estudio atribuyen al Principado un ingreso extra de 416 millones de euros en 2021 y un exceso de desembolso no financiero achacable a la pandemia de 329, pero los autores trabajan con la hipótesis de que una parte abundante de esas cantidades ha llegado en realidad para quedarse y no merece la consideración de gasto extraordinario.
Así, de acuerdo con esta teoría, de los 329 millones del coste atribuido a la crisis sanitaria en Asturias, 232 deberían tener el tratamiento de gasto estructural, habida cuenta de que su postulado de trabajo entiende que se convertirá en permanente el cincuenta por ciento del suplemento de gasto sanitario y sociosanitario de la pandemia, el cien por cien del educativo y la mitad del desembolso en servicios sociales. Con arreglo a este criterio, siete de cada diez euros invertidos el año pasado en restañar las heridas del covid en la región serían para siempre y sólo 97 millones podrían ser adscritos en puridad a la categoría del cargo extraordinario.
En un intento de aproximarse a la realidad del resultado presupuestario de los ejercicios analizados, los autores tratan de afinar al cálculo incorporando, además del impacto de la pandemia, el de los ingresos del sistema de financiación autonómica, aplicándolos a su año natural de devengo y corrigiendo la situación actual en la que los fondos del Estado se liquidan a las autonomías con dos años de retraso respecto al de la recaudación fiscal real. De acuerdo con este cálculo afinado, el “saldo estructural” del presupuesto asturiano en 2021 seguiría siendo positivo, pero pasaría de aquel 0,9 por ciento del PIB al 0,3 e igualmente estaría entre los mejores del país, aunque ya estarían por delante los de Canarias, Baleares, Navarra y País Vasco.
