La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado ha decidido diseñar “un plan de actuaciones urgentes” encaminado a “garantizar la estabilidad de la relación con las empresas del sector” en lo que concierne a la financiación de las mismas. Así lo explicó a este periódico la titular de este Departamento, Melania Álvarez, quien agregó que su objetivo se centra en superar las “limitaciones administrativas” que impiden que unas cifras “históricas” de recursos públicos destinados a atención a la Dependencia “lleguen a donde tienen que llegar, a los destinatarios, ya sean éstos personas o empresas”.
Como ejemplo de la situación actual, la aportación pública que reciben las residencias de mayores concertadas –de 43 euros al día por persona– no ha sido actualizada desde el año 2019. Los empresarios reclaman “elevarlos de manera inmediata al precio público actual de 1.470 euros, y modificar a medio plazo al alza ese precio público en consonancia con el servicio que ya se da y se pretende dar”, en palabras de Arsenio Alonso-Collada, presidente de la asociación de residencias Ascege.
¿En qué epígrafes se centrará el programa de emergencia de la Consejería? Melania Álvarez menciona dos líneas de actuación prioritarias. Por una parte, la actualización y agilización de las licitaciones, con medidas que deben impactar “sobre los precios y otras consideraciones vinculadas al nuevo modelo que habrá que incorporar a pliegos”. Por otra, la facturación y los pagos, que se traducirá en “el diseño de procedimientos más ágiles y eficaces”.
Las actuaciones incluidas en el plan urgente repercutirán sobre las empresas que contratan tanto con la propia Consejería como con el organismo autónomo ERA, responsable de las residencias de mayores. “Tiene que quedar meridianamente claro el compromiso de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar con el sector. Como parte implicada que son del sistema asturiano de servicios sociales, preocupan y ocupan a la Consejería. Suelo decir que ‘a cada compromiso, una acción’, y en ello estamos”, destacó la titular del Departamento.
En pronunciamientos públicos anteriores, Melania Álvarez ya había expuesto su determinación de habilitar medidas que simplifiquen la maraña administrativa que se interpone entre la Administración autonómica y las empresas con las que concierta prestaciones sociales. “No es posible que en el año en el que alcanzamos un dato histórico de inversión en atención a la Dependencia, más del 50 por ciento del presupuesto de la Consejería, sean limitaciones administrativas las que nos impidan que llegue a donde tiene que llegar, a los destinatarios, ya sean éstos personas o empresas”, argumentó la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico.
En relación con los contratos que entran en prórrogas, Derechos Sociales ya ha trasladado a la mesa sociosanitaria de FADE una propuesta: la posibilidad de incorporar la referencia de los tres grados de Dependencia, “de tal manera que habría diferencia entre el precio plaza de cada una de ellas en función del grado de Dependencia de cada persona residente”, aseveró Melania Álvarez, quien añadió: “Esto supondría una mejora cuantitativa, ya que partimos de un valor de referencia que se sitúa en el grado 1”. Según la Consejera, su Departamento trabaja ya con la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General “la viabilidad y el posible cronograma de aplicación de esta opción”.