La apretada agenda legislativa de la Junta General supondrá un obstáculo para que la ley autonómica de Reto Demográfico se pueda aprobar en esta legislatura, según diversas fuentes parlamentarias. El anteproyecto de esta ley aún no ha sido aprobado por el Gobierno y la hoja de ruta aprobada en la última junta de portavoces del Parlamento regional tiene por delante, al menos, otras cuatro leyes que ya han iniciado su tramitación y, por lo tanto, van mucho más avanzadas. Otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha y Galicia, ya cuentan con una ley específica para tratar de frenar la despoblación.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunciaba en febrero de este año la intención de crear un equipo multidisciplinar, con el vicepresidente Juan Cofiño al frente, para elaborar dicho texto. En paralelo, la comisión parlamentaria especial sobre el Reto Demográfico ponía fin el pasado jueves a una andadura que comenzaba hace más de dos años y medio, en noviembre de 2019. Esta comisión, en la que están presentes todos los grupos de la Junta General, ha aprobado un dictamen con más de 200 propuestas, que deberá ser votado en un pleno, ya en el siguiente periodo de sesiones, a partir del próximo mes de septiembre. Aunque este documento ha contado con el voto favorable de todos los grupos, salvo Vox que se abstuvo, la mayoría de los partidos ya advertía del riesgo de que esa declaración de intenciones “se quede en papel mojado” si las medidas planteadas no se materializan en los Presupuestos del Principado.
La Junta del Principado ya tiene previsto tramitar otras cuatro leyes a partir de septiembre
Las iniciativas recogidas en este dictamen abarcan hasta una docena de bloques temáticos pero la primera medida de carácter general que se reclama consiste, precisamente, en dar un impulso a una ley autonómica de Reto Demográfica. Luego en ese amplio “corpus” de acciones se propone desde apostar por una fiscalidad diferenciada que ayude a fijar población en las zonas rurales a desarrollar la banda ancha para toda la población residente en ámbitos rurales, intensificar políticas que favorezcan la conciliación o favorecer la llegada a Asturias de inmigrantes y la acogida de refugiados, entre otras. La garantía de una atención sanitaria presencial en los consultorios periféricos y el mantenimiento de escuelas rurales con al menos cuatro alumnos son otras de las medidas recogidas en este documento, que puede servir de referencia para la elaboración de la primera ley demográfica de Asturias.
El adelanto electoral, motivo de que Castilla y León no tenga ya su ley contra la despoblación
La Junta General afrontará una agenda bien cargada en este tramo final de legislatura. Esta misma semana (martes y miércoles) celebrará el último pleno del actual periodo de sesiones, en el que se votaran dos leyes que estaban pendientes, la de Actividad Física y Deporte y la del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). La portavoz del Grupo Socialista, Dolores Carcedo, avanzaba la pasada semana un listado de los proyectos que se tramitarán en el Parlamento autonómico a partir de septiembre, coincidiendo con el inicio del último curso de la legislatura, en el que no figuraba la ley sobre la demografía. En principio, tienen prioridad las leyes de la Agencia de Ciencia, Emergencias, Empleo Público y Calidad Ambiental que, a diferencia de la normativa sobre despoblación, ya han sido registradas en la Junta.
Al debate de estos cuatro proyectos de ley habrá que sumar también el de los Presupuestos del Principado para 2023, que una vez que entre en la Cámara tendrá preferencia y acaparará toda la actividad de la Junta hasta fin de año. Ante este panorama, fuentes parlamentarias ven “complicado” que el debate sobre la ley autonómica para frenar la despoblación pueda sustanciarse a lo largo del último periodo de sesiones de la legislatura, en los meses de febrero y marzo de 2023. El adelanto electoral ha sido el motivo de que Castilla y León no tenga su propia ley para combatir la despoblación.
