El Principado ha empezado a despejar las grandes incógnitas que quedan por despejar en el proceso para convertir en fijas 8.661 plazas ocupadas por interinos en la Administración autonómica. Una vez acotados los números y los puestos que serán estabilizados, faltaban las bases de los concursos de estabilización, y sobre todo el baremo que se utilizaría para valorar los méritos de los aspirantes, principalmente la experiencia y la formación, y el primer borrador de criterios ha desalentado a algunos sindicatos. La propuesta renuncia a puntuar la experiencia agotando al máximo las posibilidades que ha fijado en sus directrices la Secretaría de Estado de Función Pública y sobreestima, a los ojos de la parte sindical, el peso que otorga a las oposiciones que los aspirantes hayan aprobado con anterioridad.
Para los puestos que serán asignados por simple concurso de méritos y sin examen –los que llevan más de seis años al cargo de personal temporal, la mayoría de los más de 8.600 de la oferta–, el Principado sugiere que el peso de los servicios prestados en la Administración autonómica se limite a cincuenta puntos sobre cien. La cifra rebaja el sesenta por ciento que establece como tope la recomendación de la Secretaría de Estado y que sí han asumido otras autonomías y hace emerger un primer punto de discrepancia para la parte sindical, que acaba de recibir en algún caso con cierta decepción esta oferta preliminar del Ejecutivo. Entre las regiones que han definido sus baremos, Cataluña sí valora la experiencia al sesenta por ciento, igual que La Rioja, Cantabria, Navarra o Murcia. Extremadura incluso eleva el peso de la trayectoria en la función pública hasta un cuestionable ochenta por ciento.
En Asturias, este es sólo el primer paso de una negociación que se prevé larga, porque el Principado dispone de plazo hasta fin de año para tener las bases completas, pero fuentes del sindicato CSIF lamentan como un mal comienzo ese cincuenta por ciento que se otorga a la experiencia en el concurso, un asunto particularmente sensible a la hora de decidir las posibilidades de los interinos de acabar permaneciendo en sus plazas. También entienden que a cambio se sobreestiman algunos de los otros méritos que serán evaluados y que se priman las oposiciones previas sobre la formación.
De acuerdo con el documento, remitido por el Principado esta semana a las organizaciones sindicales, para un máximo de 98 puntos –se entiende que por error, dado que lo normal serían cien–, la experiencia pesaría como mucho cincuenta, los cursos de formación tendrían un tope de doce y con dieciocho se igualaría la valoración de las titulaciones académicas adicionales –de nivel igual o superior a la requerida para el puesto en cuestión– y las oposiciones que el candidato haya aprobado en los últimos diez años. CSIF interpreta que se sobrevaloran las oposiciones previas y se minusvaloran la experiencia y la formación de los candidatos, de suerte que esto que en la forma es un concurso de méritos, en el fondo "es un concurso-oposición encubierto. El objetivo es que los exámenes previos sean decisivos", resaltan, y eso equivale, a los ojos del sindicato, a un modo "sibilino" de infracción de la ley. Es por eso que las posturas, en lo que a ellos respecta, empiezan la negociación "muy lejos".
Eso no es todo lo que el sindicato reprocha a la Administración. El baremo propuesto para las cerca de 6.600 plazas –la inmensa mayoría de la oferta– que serán asignadas por concurso de méritos incluye además un límite adicional en la valoración de la experiencia. Otorga cinco puntos por cada año completo de servicio en el Principado, algo que en la práctica circunscribe la trayectoria profesional evaluable a diez años y no computa toda la trayectoria de los interinos, muchos, que hayan cumplido más de un decenio en la Administración. Se valora igual al que lleva diez que al de veinte, lamenta el sindicato, y tampoco esto es igual en todas las comunidades autónomas que han emprendido el proceso, toda vez que por ejemplo Extremadura valora hasta quince y Navarra llega a veinte.
La oposición, eliminatoria
De acuerdo con los criterios de la ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada en diciembre, por concurso de méritos se harán fijas las plazas que hayan estado ocupadas por personal temporal desde hace más de seis años y habrá concurso-oposición, y por tanto examen, para las que lleven al menos tres cubiertas por interinos. También los criterios de la propuesta del Principado para esta última modalidad anuncian al menos un motivo más de fricción, toda vez que el Principado plantea que el examen sea eliminatorio, renunciando a la posibilidad que abría la legislación estatal de no excluir del proceso a los que no superasen la prueba. Esta opción entró en la ley como otra forma de favorecer las posibilidades de permanencia de los interinos actuales y también hay autonomías, como La Rioja o Aragón, que han elegido la oposición no excluyente.
