La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, afirmó ayer que el Ejecutivo autonómico está analizando el alcance de la sentencia que anula parte del protocolo de actuación frente a la covid-19 en los centros socio-sanitarios, pero aseguró tener la «conciencia muy tranquila» porque si no se hubieran tomado esas medidas a lo mejor ahora habría que lamentar otros fallos.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dictó una sentencia que anula el protocolo de actuación del Principado frente a la covid-19 que imponía la realización de cribados y pruebas diagnósticas de covid a profesionales de centros socio-sanitarios de servicios sociales, así como el aislamiento de personas residentes en los ingresos en centros de mayores y con discapacidad.
«¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos tomado esas medidas? Quizá nos estaríamos lamentando por otro tipo de fallo», se preguntó la consejera momentos antes de participar en un desayuno de trabajo con representantes de la Asociación de Empresas Sociosanitarias, en el que ha dicho que a pesar de que respeta la decisión judicial tiene la conciencia «muy tranquila» por las decisiones adoptadas durante la pandemia.
La consejera ha considerado «importante» situar la toma de decisiones en su «justo momento» y el Principado, ha dicho, desde marzo de 2020 ha actuado siguiendo dos premisas fundamentales: seguir «a pies juntillas» el criterio técnico de salud pública y ajustar las medidas a la evolución epidemiológica.
