"Implantar peajes en todas las autovías haría justicia al tren, porque equilibraría los costes de ambos medios de transporte". La frase resume las apreciaciones del Grupo de Trabajo del Ferrocarril de la Demarcación en Asturias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El colectivo explica que en la actualidad se aplican cánones para cubrir el mantenimiento y la seguridad del ferrocarril, mientras que la mayoría de la red de carreteras el uso es libre. De ahí que establecer en las carreteras "un sistema de peaje, o tasa, o cómo quiera articularse, parece evidente". En todo caso, admiten que es una cuestión "de mucho calado", que merece "un estudio detallado y pormenorizado". Otra opción sería dedicar al mantenimiento de las carreteras los ingresos que generan, pues lo cubrirían "sobradamente".
"Es un asunto que presenta complejidad y que supone un cambio importante en la concepción del transporte por carretera", así que "debería realizarse desde un amplio consenso", y tras estudiar con detenimiento el método que se vaya a aplicar. El mantenimiento y conservación de las carreteras en Europa se sufraga, básicamente, mediante tres fórmulas: el pago por uso (peajes), las viñetas temporales (tarifas planas) y la gratuidad de las vías de alta capacidad para el usuario y su mantenimiento a través de las cuentas estatales o regionales.
Los expertos del Colegio de Ingenieros de Caminos apuestan por abrir un proceso de participación pública "ordenado y pausado". El principal riesgo es que implantar peajes en todas las vías de alta capacidad sea tomado por la ciudadanía "como un nuevo impuesto que nos cae encima con mero afán recaudatorio". Pero el Grupo de Trabajo juzga "necesario" buscar "vías de financiación específicas para el mantenimiento de las carreteras y afrontar los retos de modernización que se plantean a medio plazo". Pero también estima "imprescindible" trasladarlo a la sociedad "de una manera adecuada".
En la actualidad existe en España cobro por uso solo en algunas autopistas. En el resto de trayectos, "los que se suponen gratuitos", tanto su construcción como su mantenimiento corren a cargo directamente de los Presupuestos Generales del Estado, que a su vez se nutren de los impuestos. "Por tanto, no existe tal gratuidad, sino que su coste nos repercute de manera indirecta", destaca el Grupo de Trabajo del Ferrocarril en un informe publicado en la revista de la Demarcación, "Qanat".
Los ingenieros de caminos destacan que el "Libro Blanco del Transporte de la Unión Europea", publicado en 2011, señala que el actual sistema de transporte no es sostenible y juzga necesario "abordar nuevas medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono procedentes del transporte"; "controlar los costes generados por la congestión"; "abordar el desequilibrio de accesibilidad entre zonas centrales y periféricas"; y "atajar el aumento de los costes sociales de los accidentes y el ruido".
"Cualquier opción para financiar el mantenimiento de infraestructuras es legítima"
Apunta asimismo la necesidad de generar fuentes de financiación diversificadas para alcanzar los objetivos anteriores. Entre esas fuentes de financiación señala las procedentes de la "internalización de costes externos" y la "tarificación por el uso de la infraestructura". Con ello, además, se podría "hacer más interesante la inversión en infraestructuras por parte del capital privado", recoge el texto. La UE indica también que las tasas e impuestos deben ser "reestructuradas en la dirección de una aplicación más general del principio de ‘quien contamina paga’ y del cobro al usuario (‘usuario-pagador’). Se debe buscar que la carga global para el sector refleje los costes totales del transporte, incluidos los de las infraestructuras y los externos", apunta. Un objetivo añadido ha de ser el de "establecer unas condiciones de competencia equitativa entre modos de transporte que están en competencia directa", pues en la actualidad, tal y como apuntan los ingenieros de caminos, el ferrocarril está en franca desventaja frente al transporte por carretera.
En el "Libro Blanco", la UE fija como objetivo a largo plazo "cobrar por la utilización de las carreteras a todos los vehículos y en toda la red, con el fin de reflejar como mínimo, el coste de mantenimiento de la infraestructura, la congestión, la contaminación del aire y la contaminación acústica".
Según algunos estudios, en España existe un déficit de mantenimiento de carreteras de alrededor de 7.500 millones de euros. Debido a ello, "las infraestructuras se han deteriorado mucho más rápido de lo normal, se ha depreciado notablemente su valor, se ha acortado su vida útil, y se ha incrementado el coste del mantenimiento ordinario, se ha deteriorado el nivel de seguridad y el nivel de servicio al usuario". De ahí la importancia de un mantenimiento adecuado, resaltan los ingenieros de caminos.
Citan el estudio "Las cuentas del transporte en España", publicado en 2017 por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que revela que la carretera cubre "sobradamente" sus costes de infraestructura (estima una cobertura del 144%). La mayor parte de los ingresos provienen de la fiscalidad. Así que los ingresos fiscales relacionados con el transporte por carretera cubrirían los costes directos. El "problema" está en que, al no ser impuestos finalistas, no todos los ingresos son dedicados a construcción y mantenimiento, siendo este último el más desequilibrado.
Los expertos del Colegio ven "necesario" reorganizar los destinos de lo ingresado en las carreteras para dedicarlo a su mantenimiento, "sin necesidad de generar nuevos artefactos impositivos". Pero hay otros problemas de tipo fiscal que justificarían la implantación de peajes en todas las autovías y autopistas. Por ejemplo, "la importante merma de los ingresos a través de la fiscalidad de los hidrocarburos, cuando los vehículos están optimizando consumos y combinando otras fuentes de energía que por el momento no tienen el grado de fiscalidad tan elevado".
Además, España cuenta con una de las redes de carreteras de alta capacidad más amplia de Europa en comparación con su superficie y su población, y los requerimientos de mantenimiento cada vez son más altos, por lo que en el futuro requerirán mayores ingresos. "Existen además una serie de retos que en el futuro van a requerir importantes recursos. Por una parte, los cada vez mayores requerimientos de seguridad; y por otra parte, la digitalización de las infraestructuras, necesaria para la futura automatización que ya se atisba en el medio plazo", apuntan los ingenieros de caminos.
"Con lo que hemos visto, la necesidad de establecer un sistema de peaje, o tasa, o cómo quiera articularse, parece evidente, siempre dentro de una racionalización impositiva que evite la duplicación de cargas o una injusta atribución de las mismas", recoge el informe del Grupo de Trabajo de Ferrocarriles de los ingenieros de caminos asturianos.
Dado que la UE exige gravar la "no sostenibilidad", los ingenieros de caminos señalan que mas de que de un peaje o tasa debería hablarse de "varios, o al menos uno compuesto por varios sumandos", que tengan en cuenta aspectos como el "equilibrio territorial", favoreciendo a las zonas despobladas o con carencias de vías de comunicación, frente a las que tienen amplias redes y alternativas de transporte público, por ejemplo.
También deben tenerse en cuenta la "congestión", gravando más las horas con más tráfico, o las zonas o itinerarios en los que conviene reducir la afluencia; el "deterioro", pagando más aquellos vehículos que estropean más la infraestructura; el "medio ambiente", abonando tasas más altas los vehículos que más contaminan; y el "aprovechamiento", desembolsando más quienes que se lucren directamente con el uso de las infraestructuras públicas", indican.
Aunque los modelos en los que se paga por el uso pueden ser más justos, pues cada ciudadano sólo paga lo que individualmente necesita, existe el "problema de aquellos que no pueden acceder a esos servicios porque no pueden pagar su precio", resaltan los ingenieros de caminos, que reconocen que cualquier alternativa para financiar el mantenimiento de las infraestructuras es legítima, y que la elección de una u otra está en función "del modelo de sociedad que se pretende en cada país". Sea cual sea la decisión elegida, los expertos reclaman una "adecuada planificación" para evitar "acciones que sea necesario corregir en el plazo de pocos años".
El informe incluye un último apunte referido a Asturias: "La especial dificultad que la orografía muestra al desarrollo de todo tipo de infraestructuras puede requerir de la intervención del Estado para igualar las oportunidades de esta región a otras del país en las que el desarrollo de las infraestructuras es menos costoso o en las que el Estado ha intervenido más en el pasado".