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Uno de cada cuatro perceptores de salario social, ilocalizable al ofrecerle trabajo

La consejera Melania Álvarez reconoce su preocupación y avisa de que recibir la prestación conlleva obligaciones y que la ayuda puede perderse

Con un tono que aparentaba una sensación de paciencia ya colmada, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, puso ayer sobre la mesa el problema que suponen los casos de perceptores del salario social que no responden siquiera a las llamadas para proponerles un itinerario laboral. No es un porcentaje menor: uno de cada cuatro beneficiarios de la ayuda autonómica resultó ilocalizable para el Principado cuando le planteó incorporarse a un programa de formación e inserción laboral. Así, la Consejera advirtió de que el salario social puede ser suspendido para aquellos perceptores que renuncian a formarse. Álvarez pidió tener en cuenta "el doble derecho": el de la Administración y el de los perceptores. Y advirtió que el salario social es un derecho "que también conlleva obligaciones" y destacó que si los perceptores rechazan participar en programas de inserción pueden verse sin la ayuda. Existe, señaló, un margen de dos apercibimientos por persona antes de que se tomen medidas. "Todos tenemos que ser conscientes de que las reglas del juego son estas", aseveró la consejera.

Melania Álvarez comparecía para participar en la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de empresas de Consultoría y Formación del Principado (Cecap-Asturias), con el objetivo de facilitar la incorporación laboral de los beneficiarios de salario social. La consejera resaltó "los muchos esfuerzos que se han realizado durante los últimos meses por parte de la Administración para cumplir con el derecho de estas personas a ser dotadas de los mecanismos de formación e inserción en el mercado laboral".

En este sentido, el convenio firmado es el sexto acuerdo que impulsa el Gobierno regional para encontrar una salida laboral a quienes reciben el subsidio. En los ya firmados, con entidades como la Fundación Laboral de la Construcción o Tragsa, el Principado convocó a 470 personas, de las que solo 162 aceptaron. Ese porcentaje (un 43%) "está lejos del objetivo fijado por la Administración asturiana", reconoció Melania Álvarez.

El seguimiento de los casos evidencia que un 29% de las personas convocadas rehusaron acudir a la convocatoria. Las causas más comunes de rechazo, según la Consejería, fueron la ausencia de medios económicos o materiales para atender la oferta, enfermedad, circunstancias familiares o estar pendientes de una contratación próxima. Pero un 26,76% resultaron ilocalizables. Los servicios sociales municipales pudieron, finalmente, localizar al 55 por ciento de esas personas.

Del total de beneficiarios que rehusaron participar en el programa de inserción o no fueron localizados, casi la mitad fueron remitidos nuevamente a la Fundación Laboral de la Construcción, un 13% acabó exonerado del cumplimiento del programa por causa justificado y el 3% fueron apercibidos para proceder a la suspensión de su prestación.

Melania Álvarez no ocultó su preocupación "por la falta de respuesta" de algunos beneficiarios. No obstante, aseguró que el balance que hace la Consejería del programa es "positivo y supone un salto cualitativo y cuantitativo en estas iniciativas.

El asunto tiene enjundia y es espinoso. Y la Consejería de Servicios Sociales parece mostrar el camino a un debate que deberá abordarse en un futuro. De hecho, señala entre las amenazas futuras para el programa de inserción "el debate en la sociedad sobre la obligatoriedad de que las personas destinatarias del salario social participen en programas de inclusión social". Este debate, en sí, está superado normativamente, pues la ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, aprobada en junio de 20221, establece esa obligatoriedad. En cambio, existe indefinición en la normativa del Ingreso Mínimo Vital, una prestación a la que se abocan muchos de los perceptores del Salario Social.

Romper el círculo vicioso de la percepción del salario social está lleno de dificultades, y con estos programas el Principado ha sido consciente de algunas de las necesidades más urgentes, como incrementar la financiación de los ayuntamientos para focalizar la atención en las personas dispuestas a participar en acciones de inserción. También los concejos necesitan más personal para realizar seguimiento de los beneficiarios y será necesario incrementa la exención a ingresos provenientes del trabajo, para que a algunos perceptores no les resulte más favorable recibir la ayuda que enfrentarse a un empleo.

La Consejería de Derechos Sociales también recalcó que 508 personas participaron en estos cinco años en los planes locales de empleo. El acuerdo rubricado ayer (con participación del consejero de Industria, Enrique Fernández, y el presidente de la CECAP (Pablo García) prioriza la atención a la formación e inserción para colectivos con deficiencias formativas, con especial atención en mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con cargas familiares, discapacidad o inmigrantes.

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