Asturias quiere convertirse en un referente nacional de la salud pública. O, lo que es lo mismo, albergar el organismo que se hará cargo de la preparación y la respuesta frente a futuras emergencias. El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, anunció este viernes, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, que en el caso de que se descentralice la Agencia Española de Salud Pública, "Asturias optará a alojar su sede". La creación de la citada agencia fue iniciada por el Gobierno central a finales del pasado mes de agosto. Lo que a algunos les resulta llamativo es que esta pretensión sea compatible con tener en el congelador desde hace un año y medio el borrador de una Ley de Salud Pública de ámbito autonómico que pretende mejorar las herramientas regionales en la misma materia.
Fue en abril de 2021 cuando Rafael Cofiño –por entonces director general de Salud Pública– y un equipo de colaboradores concluyeron el borrador de su propuesta normativa. El doctor Cofiño dimitió del citado cargo el día de Navidad del año pasado. Este sábado, a preguntas de este periódico, se pronunció sobre la petición del Ejecutivo regional: "Hay posibilidades. Tener la Agencia Estatal supone que una comunidad como Asturias atraiga inteligencia y conocimiento en salud pública".
Sin embargo, a juicio del exdirector general de Salud Pública, "sería muy extraño tener una agencia estatal sin haber conseguido una buena reforma de la estructura autonómica, algo que debería ser urgente y prioritario". El doctor Cofiño puntualiza: "Es fundamental tener una ley de Salud Pública de Asturias, pero la creación de la nueva estructura puede hacerse ya mismo, sin esperar a que esté aprobada la ley". El médico gijonés apremia: "Hay que modificar ya la estructura autonómica y generar una agencia de salud pública fuerte y sólida de ámbito regional".
¿Qué es la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) que proyecta el Gobierno de Pedro Sánchez? "Se trata de una prioridad política para el Gobierno de España, tras la experiencia vivida con la pandemia y, también, una necesidad de país para abordar situaciones en nuestro sistema público de salud que requieren de anticipación, respuesta rápida y coordinación", explicó el pasado 23 de agosto la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en su comparecencia pública para a anunciar que el Consejo de Ministros había aprobado el anteproyecto de ley por el que se crea la citada Agencia.
Según el Ministerio, la AESAP desempeñará sus funciones en los ámbitos de vigilancia en salud pública, en preparación y respuesta frente a futuras emergencias, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud.
La salud pública saltó al primer plano con la llegada de la pandemia. Sin embargo, todos los conocedores del ámbito sanitario coinciden desde siempre en el papel crucial de esta disciplina sanitaria, y de las herramientas basadas en ella, para dotar a los países de sistemas de salud consistentes. La ministra Darias argumentó que ya la Ley General de Salud Pública, promulgada en 2011, establecía la creación de una Agencia de Salud Pública. Y añadió que esta iniciativa "cuenta con un amplio consenso parlamentario, como así se refleja en el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados".
Por ejemplo, en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA y publicada el 14 de junio de 2020, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se declaró partidario de "crear una agencia de salud pública estatal a similitud de los Centros de Control de Enfermedades" (de Estados Unidos). Ese mismo día, se lo planteó a Sánchez en una Conferencia de Presidentes telemática.
Menos de un año después, en abril de 2021, el Gobierno de Barbón tenía sobre la mesa un borrador inicial de una Ley de Salud Pública de ámbito autonómico para su tramitación y posterior envío a la Junta para ser debatida y aprobada. Promotor: Rafael Cofiño, director general de Salud Pública. En un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA posteriormente (tras haber dimitido de este cargo), Cofiño subrayó que impulsar esta norma en el marco de la presente legislatura "es obligatorio". Su argumento resultaba muy taxativo: con la estructura actual, "Asturias no resistiría una nueva pandemia" como la del covid-19. Pese a la advertencia del que fuera director general de Salud Pública, el texto no ha avanzado, y no parece posible que a esta altura de la legislatura pueda llegar muy lejos.
¿Cuál es el contenido del texto legal abanderado por Rafael Cofiño? Como elementos más novedosos (y complejos), plantea trasladar la Dirección General de Salud Pública desde la Consejería de Salud –donde reside actualmente– al Servicio de Salud (Sespa); y, además, establece cambiar el régimen jurídico de sus trabajadores, que pasarían de ser laborales a estatutarios (como la mayoría de los del Sespa). Entre otras ventajas, este cambio permitiría ofertarles mejores salarios, un paso que Cofiño ve imprescindible para impulsar "un relevo generacional con una capacitación profesional adecuada en Salud Pública".
El paso reciente más llamativo dado por Rafael Cofiño en el escenario político ha sido incorporarse –como coordinador del grupo de trabajo de sanidad–, a la plataforma ciudadana Sumar, impulsada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. El doctor Cofiño ha subrayado los términos de esta colaboración: "No tengo ninguna vinculación política con ellos. Me han llamado como independiente. No es que yo tenga, dentro de Sumar, una competencia en el área de sanidad, sino que es un trabajo técnico de montar y liderar un equipo. Voy a coordinar un grupo del que saldrá un documento de propuestas en relación con la sanidad".
Yolanda Díaz estuvo presentando en Asturias su nueva plataforma este jueves y viernes pasados. Y, el mismo viernes, el consejero de Salud hizo pública la candidatura del Principado a albergar la Agencia Estatal de Salud Pública. La designación de la sede se llevará a cabo mediante concurrencia competitiva. Algunas comunidades autónomas ya se han manifestado interesadas. Una candidatura fuerte, a juicio de algunos observadores, es Andalucía, por disponer de la Escuela Andaluza de Salud Pública, entidad de trayectoria acreditada.
Entre los consultados por este periódico, hay quienes destacan que en Asturias trabajan algunos especialistas en salud pública destacados. Pero también señalan que otra cosa es disponer de una masa crítica en esta disciplina, objetivo complicado en una comunidad de pequeño tamaño.
Otros consultados ponen de relieve que una agencia estatal probablemente estará dotada, al menos en parte, de personal que ya pertenece a la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad. En este departamento están encuadrados, por ejemplo, la Dirección General de Salud Pública o el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). "¿Van a desplazarse a trabajar a Asturias profesionales del Ministerio?", se pregunta un buen conocedor de los entresijos de la Administración. "Desde luego, que Fernando Simón (director del CCAES) viniera a Oviedo daría mucho que hablar", indicó la misma fuente, más bien escéptica.
Y en esta misma cadena de expectativas e indefiniciones se añade la posible relación entre la aspiración del Gobierno de Asturias a ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública y el futuro desarrollo de una ley autonómica de Salud Pública. "No cabe duda de que la agencia incorporará profesionales de referencia, y eso haría que Asturias tuviera que repensar necesariamente su situación; no sería sensato no hacerlo", indica un experto en los circuitos de la sanidad pública.
Entre tanto, Rafael Cofiño valora positivamente la candidatura del Principado: "Muchas veces no se ha vendido el trabajo de la salud pública de Asturias, pero hemos sido referente nacional e internacional: Observatorio de Salud (hablo de la prepandemia), Plan de Salud, rotaciones de residentes de toda España en Salud Pública, referentes en salud comunitaria, modelos de trabajo municipal en salud...".